El pasado viernes escribía yo de mi disgusto con el país que estamos heredando a nuestros hijos y sobre la necesidad de hacer algo para construir un orden social y económico distinto en el que verdaderamente podamos hablar del señorío del Estado de Derecho. Un lector que generalmente expresa disgusto por lo que yo escribo, comentó en la página Internet del diario que después de lo que había dicho en esa columna, lo único que faltaba era el golpe de Estado, demostrándose que hay ignorantes que piensan que basta cambiar al gobierno para que cambie el país.
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A lo largo de todos mis escritos en esta crisis he explicado que esa aspiración de quitar el Presidente me parece absolutamente vacía porque, al fin de cuentas, quien asumiera el mando haría lo mismo que han hecho todos los gobernantes de nuestra llamada vida democrática iniciada en el 85 con la vigencia de la actual Constitución. Pero eso no significa que debamos asumir posturas conformistas con la realidad actual y con las condiciones en que se encuentra un Estado que, a mi juicio, tiene las características para considerarlo fallido.
Sostengo que esta crisis nos ha permitido una rara oportunidad de despertar entre mucha gente que ha permanecido secularmente al margen de los problemas nacionales, el interés por participar y de hacer algo por la Patria. Y que esa participación tiene que ser adecuadamente orientada y canalizada para que le aporte a Guatemala algo positivo. De hecho, en la semana posterior a la muerte del abogado Rodrigo Rosenberg fui el primero en aconsejar que el Presidente de la República hiciera de la Ley de Comisiones de Postulación una prioridad para aportarle al país la posibilidad de integrar una Corte Suprema de Justicia y elegir magistrados de las Salas de Apelaciones diferentes a los actuales, porque ello podría darnos la oportunidad de mejorar notablemente el poder judicial. Y se logró ese resultado que en vez de provocar una crisis institucional y debilitar nuestra legalidad, la fortalece y permite soñar con apuntalarla.
En Guatemala hemos cambiado de gobierno sin violentar las normas desde 1985, salvo con el caso de Ramiro de León Carpio, quien asumió luego del manotazo a la Constitución que dio Serrano. Eso confirma que cambiar de gobierno no significa avanzar en la construcción de un país más justo, integrador, equitativo y apegado a las leyes. Por el contrario, las evidencias nos dan para pensar que vamos de mal en peor porque el sistema es el que no funciona y un sistema no se cambia con aventurerismos personales ni con golpes de Estado, sino que se cambia con la participación responsable y permanente de la población, que es lo que siempre he reclamado.
Yo repito que, como decía el poeta, ansío una patria diferente para heredarles a mis hijos y mis nietos, pero es una patria que no puede construir ningún golpista ni puede articular un líder mesiánico, sino que debe ser el producto de la suma de esfuerzos de un pueblo que entiende que vamos por mal camino, que debemos modificar un sistema alentador de la corrupción, la impunidad y la injusticia. Los oportunistas creen que es momento de golpes o conspiraciones, mientras que otros pensamos que es tiempo de despertar al pueblo para que entienda que la lucha es de todos y no de unos pocos que se dedican a la política, y que no es para botar un gobierno, sino para cambiar un país.