En el Congreso de la República avanza una iniciativa de mala fe para terminar de castrar a la ya inútil Contraloría General de Cuentas de la Nación y hay que preguntar al diputado ponente, Juan José Porras, qué parte de la Constitución es la que no entiende o si simplemente se hace el que no entiende.

El artículo 232 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece literalmente que “la Contraloría General de Cuentas es una institución técnica, descentralizada, con funciones fiscalizadoras de los ingresos, egresos y en general de todo interés hacendario de los organismos del Estado, los municipios, entidades descentralizadas y autónomas, así como de cualquier persona que reciba fondos del Estado o que haga colectas públicas.”
 
 “También están sujetos a esta fiscalización los contratistas de obras públicas y cualquier otra persona que, por delegación del Estado, invierta o administre fondos públicos”.
 No cabe excepción alguna y cuando la misma Carta Magna dice que su organización, funcionamiento y atribuciones serán determinados  por la ley, debe entenderse que no se puede salir del marco establecido en esa norma constitucional, es decir, que debe fiscalizar todos los ingresos y egresos del Estado, sus intereses hacendarios y los de las instituciones públicas.
 
 Por supuesto que como pasa en Guatemala, ni siquiera la misma Contraloría entiende su mandato, porque la Contralora actual y sus antecesores se quejan de que no pueden auditar los fideicomisos, no obstante que cualquier persona (natural o jurídica incluyendo bancos) que reciban fondos del Estado están sujetos al control.
 
 El mandato es lo suficientemente claro como para que sin excusa ni pretexto se debiera seguir la pista hasta del último centavo y determinar si está siendo utilizado bien o si se destina a corrupción. Por supuesto que la Contraloría no cumple sus fines, pero la iniciativa de ley, lejos de hacer que los cumpla, le pondrá obstáculos y eso es inaudito y hasta criminal.
 
 Ciertamente nuestro Congreso no está lleno de genios, pero no se puede suponer buena fe y producto de simple ignorancia una iniciativa como la que pretende castrar a la Contraloría de Cuentas. En este país donde la corrupción es parte del sistema, cualquier acción que tienda a evitar los ya muy escasos controles debe entenderse como una acción de deliberada mala fe para beneficiar a los que se hartan con el dinero de la corrupción y sus promotores tienen que ser señalados.
 
 El texto constitucional es tan claro que no se puede aceptar la iniciativa, de la misma manera en que no se puede aceptar que la Contralora acepte alguna negativa para que audite los fideicomisos.

Minutero:
Tras la venta de Aviateca 
viene la jugada chueca; 
poco a poco se destapa 
que quedamos muy fuera del mapa