Ayer se cumplieron siete meses de que ocurrió el terremoto en varios departamentos del país y a pesar de que la emergencia ya pasó, el Ejecutivo insiste en seguir prorrogando el Estado de Calamidad.

De acuerdo con esto, congresistas opositores indicaron que las condiciones actuales ya no ameritan dicho estado de excepción y que se podría estar utilizando para hacer compras sin licitación.

Ayer se intentó por última vez que se conociera, ratificara, modificara o improbara el acuerdo gubernativo de Estado de Calamidad; al verse sin mayor apoyo el Partido Patriota, decidió romper quórum y remitir dicho acuerdo a Gobernación.
Los diputados opositores,  como Luis Pedro Álvarez de Encuentro por Guatemala,  manifestaron que ya no es necesario establecer el Estado de Calamidad en los municipios afectados por el terremoto del pasado siete de noviembre, porque ya se sabe el impacto que ocasionó.
El diputado agrega que existe poca información sobre la ejecución de la reconstrucción y que sólo están utilizando dicho estado de excepción, para comprar sin licitar y así beneficiar a las personas que a los del Ejecutivo les interese, comentó el congresista.
La bancada UNE informó que tomarían las medidas legales y que buscarían respaldo ante la Corte de Constitucionalidad, ya que de acuerdo con la Constitución, indica que al tercer día de emitirse el acuerdo, el Congreso deberá “conocer, modificar, ratificar o improbar” dicho estado de excepción.
“No es justificable que a siete meses del terremoto, el Gobierno pretenda continuar en una situación de emergencia, ya que con esto ampliaríamos las condiciones de excepcionalidad para la ejecución del atrasado y fracasado programa de reconstrucción”, opinó el diputado Juan Manuel Giordano, representante de San Marcos por el partido TODOS.
Mientras tanto, el diputado Amílcar Pop justificó su rechazo a la ampliación del Estado de Calamidad, ya que a su criterio “Esta figura la han convertido en un manto de impunidad por las acciones de corrupción en el tema”.