No me cabe ninguna duda que el trastorno social también es un factor derivado de la comunicación. La difusión popular es la que nos pone a todos en contacto con las confusiones y las perplejidades que se asocian al control de fuerzas desconocidas hace unas cuantas generaciones y que hoy todaví­a son incomprensibles para la mayorí­a de individuos que leen, miran o escuchan los medios de difusión popular. Precisamente de la confusión y del trastorno surge el concepto de la sociedad amorfa, en la que los miembros están unidos por medio de los hilos de comunicación de una red de aprensión y confusión, pero que son impotentes para poder enfrentarse a los problemas de lograr y mantener un orden social.

En otras palabras, ¿qué puede decir y hacer el integrante de nuestra sociedad ante el anuncio difundido que el Tribunal Supremo Electoral está trabajando en un proyecto de reglamento para fiscalizar los fondos públicos y privados que reciban los partidos polí­ticos para ser invertidos en la campaña electoral del 2007, pero sin sanciones a los responsables de su violación? ¿Será correcto utilizar la fórmula sacada de la manga para calcular que el lí­mite para cada uno de los partidos será de Q42 millones, sobre la base de que el número de empadronados sumarán cinco millones y medio hasta el 31 de diciembre de 2006 y que por cada ciudadano se podrá gastar un dólar estadounidense y ni un centavo más?

Para empezar, ¿cuándo funcionará la mentada fiscalización, quiénes van a hacerla y utilizarán el mismo rasero? Digo lo anterior, porque solo que nos hayamos caí­do del tapanco o estado ausentes del paí­s todo este año, pudiéramos creer que la campaña no la anticipó el partido oficial y que los demás siguieron por la misma senda. ¿Y la difusión popular permanente de miles de mensajes sufragados con fondos públicos en donde directa o subliminalmente induce al voto, no va incluida en la pundonorosa fiscalización?

De ahí­ que tantos chapines nos hayamos estado haciendo por muchos años la pregunta de quién en realidad maneja nuestra sociedad, hasta llegar a la triste conclusión que es el pisto y no precisamente personas o entidades con sólidos valores y principios. No lo duden, los que tienen el poder por el mango, los que organizan, pueden ir más lejos antes que un organismo o persona en contra les pueda marcar el alto. Por ello nuestra insistencia y si se quiere terquedad, porque el Tribunal Supremo Electoral se debió haber puesto los pantalones a tiempo, para advertirle a los polí­ticos que el TSE, en representación popular, querí­a la elecciones del 2007 sin mácula, sin tendencias ni privilegios de ninguna especie. Cualquier remedo que de ahora en adelante se emprenda, solo vendrá a poner en evidencia que el pisto sigue siendo el rey.