Ya sabemos que una cosa dicen los políticos en campaña y otra distinta hacen cuando están en el gobierno por lo que no puede causar sorpresa la discrepancia entre lo que decía sobre los fideicomisos el actual Presidente cuando era candidato y lo que ahora expresa respecto a ese mecanismo que tiene la finalidad esencial de obviar los pases legales que fueron diseñados como un esfuerzo por clarificar el manejo de las cuentas públicas y para evitar la corrupción. Cierto es que no se ha logrado ese objetivo y que los mecanismos de control son totalmente vulnerables porque la Contraloría de Cuentas es ineficiente en el cumplimiento de su mandato constitucional, pero eso no significa que el Estado actúe de manera tan cínica que descaradamente aplica instrumentos que tienen la finalidad concreta de burlar la ley.
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Es obvio que se ha recurrido a los fideicomisos y a la contratación de agencias internacionales con el fin específico de evitar la fiscalización en el manejo de los fondos. El Estado ha sido, en efecto, ineficiente en la ejecución presupuestaria y ello se usa como justificación para el traslado de los fondos públicos a cualquiera de esas figuras bajo el argumento de que así se pueden realizar con mayor agilidad las contrataciones y por lo tanto las obras. Sin embargo, y eso es fundamental, se deja de cumplir con la normativa que obliga a la Contraloría a supervisar el manejo de cualquier partida de gastos públicos, puesto que ni los bancos utilizados para constituir los fideicomisos ni las entidades internacionales que cumplen idénticos fines, están en disposición de abrir sus cuentas para que los auditores hagan su trabajo.
Y ello hace que se tenga la certeza de que algo están escondiendo y que algún manejo turbio hay en toda la cuestión. Por supuesto que el Estado tendrá que mejorar su capacidad de ejecución porque si de golpe y porrazo se decide no acudir a estos mecanismos, veríamos que no se podría ejecutar ni la mitad de la obra pública y del gasto público que actualmente se realiza, porque está demostrada la ineficiencia institucional. Pero eso debe obligar a las autoridades a entender la raíz del problema y trabajar para combatirlo eficientemente y ello sólo es posible si se emprende un serio esfuerzo por la reforma del Estado, misma que ha sido cacareada por todos los gobiernos pero que no ha sido llevada a la práctica por ninguno, pese a la cantidad de estudios realizados y los millones ya invertidos en la planificación.
En el fondo pareciera que la ineficiencia es un buen negocio, que al final de cuentas le conviene a las autoridades porque es el pretexto para encontrar mecanismos que les permiten manejar millonarias cuentas sin tener que someterse a controles sobre el manejo de los recursos del Estado. Hay que decir que sin la ineficiencia existente no podría haber tanta corrupción y que por ello es que los gobernantes no quieren emprender la reforma para hacer eficiente al Estado porque ello implicaría, entre otras cosas, la necesidad de esclarecer de manera absoluta el manejo de los fondos públicos.
No podemos hacernos grandes ilusiones al respecto porque es obvio que los intereses de siempre están a la vista y que no hay cambios tan trascendentes e importantes como para suponer que ahora entramos por una senda distinta. Pero los ciudadanos tenemos la obligación y el deber de exigir que se abandonen viejas prácticas que encubren la corrupción y que entidades como la Contraloría asuman el papel que les asigna la Constitución.