De acuerdo a un monitoreo realizado por el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad en distintas dependencias del Estado, actualmente 10 instituciones no cuentan con oficinas o programas de inserción y atención a los guatemaltecos que sufren algún tipo de discapacidad, lo cual repercute en las condiciones de vida de estas personas y el acceso a los servicios básicos como salud, educación, empleo y seguro social.

Sebastián Toledo, director del Conadi, expuso la necesidad que desde el Congreso de la República se revisen algunas leyes vigentes en el país, para una posterior actualización que las haga compatibles con las necesidades de la población con discapacidad en Guatemala.

“Hay que fortalecer la participación de las personas con discapacidad en los distintos espacios de poder nacional. Existen muchos retos actualmente. A largo plazo es construir un país justo, solidario e incluyente. Para el Gobierno continúa pendiente incluir en sus políticas, el Componente de Discapacidad”, manifestó el directivo.

Según estadísticas del Conadi, aproximadamente dos millones  de guatemaltecos sufren algún tipo de discapacidad física y de estos solo 36 mil (2%), poseen un empleo formal. Asimismo, se estima que el 52% no sabe leer ni escribir y sólo el 10% concluye la educación primaria; el 6% la educación media; y el 1.5% llega a cursar estudios superiores.

“Nos tienen invisibilizados. Lastimosamente dependemos de esas acciones que podrían realizar a favor de nuestro desarrollo”, puntualizó Toledo.