Desafortunadamente no tenemos un Congreso que se ocupe de las cosas importantes y por ello carecemos de una Ley de Tránsito que facilite la aplicación de normas esenciales para incrementar la seguridad vial y ordenar el caótico tráfico que tenemos en el país y que se traduce no sólo en enormes riesgos por la cantidad de accidentes, sino también en inseguridad por el uso criminal que se da a algunos vehículos, como puede ser el caso de las motocicletas utilizadas para asaltos y para asesinatos perpetrados por sicarios.

En cualquier lugar del mundo los conductores de vehículos tienen que cumplir elementales requisitos para obtener una licencia y si incurren en faltas reciben sanciones que pueden ser progresivas hasta revocar las licencias de quienes reinciden en las violaciones a la ley. Para obtener licencia de conducción de moto en varios Estados de Estados Unidos, el interesado tiene que tomar un curso de por lo menos ocho horas y parte del mismo está orientado a que se entienda que la moto es como cualquier otro vehículo y por lo tanto debe conservarse el carril, evitar el zigzagueo y las maniobras para meterse entre otros vehículos que respetan sus carriles.
 
 Los automovilistas que se exceden en la velocidad límite establecida reciben no sólo una multa sino una penalización acumulativa que puede provocar la suspensión temporal del permiso para conducir o la definitiva, dependiendo de la gravedad de la falta. Hace un par de años fui multado por exceso de velocidad en Estados Unidos y pagué una multa de seiscientos dólares, además de la acumulación de puntos que me ponía en riesgo de una suspensión y me encarecía el seguro. Me vi obligado a tomar un curso con el fin de borrar los puntos de penalización y limpiar mi expediente, advertido de que ese beneficio me era otorgado por primera y única vez, lo cual me ha hecho mucho más cuidadoso de los límites de velocidad.
 En Guatemala no tenemos una cultura de respeto a las normas elementales de tránsito. Los límites de velocidad son irrespetados tanto en áreas urbanas como en carreteras y es corriente encontrarse con conductores que en un crucero con semáforo se pasan en rojo tras ver que no viene demasiado cerca otro vehículo. No digamos los que circulan en contra de la vía con tal de no dar una vuelta a la manzana o quienes lo hacen como norma, especialmente quienes conducen motos o los ya abundantes “bicitaxis” que en plena zona 1 son un atentado por transitar contra la vía.
 
 El problema nuestro es que los reglamentos de tránsito se usan únicamente como fuente de recurso para las municipalidades que han encontrado en las multas impuestas por sus cuerpos de Policía de Tránsito un jugoso ingreso. Pero no es un instrumento para mejorar la seguridad vial, al punto de que los Alcaldes deciden qué parte del reglamento se observa y cuál mandan a la basura, como pasó con la prohibición para que dos pasajeros viajaran en una moto. Con cinismo y desparpajo, los Alcaldes ordenaron a sus PMT que se hicieran los babosos de esa norma y simplemente nunca se cumplió, como nunca se va a cumplir la reforma al reglamento de tránsito recién puesta en vigor por el Departamento de Tránsito y derogada de hecho por el Ministro de Gobernación y el Presidente quienes, a pesar de la vigencia expresa de la norma, han dicho que van a reconsiderar algunas partes, lo que se traduce en que nada cobra realmente vigor a pesar de lo dispuesto legalmente.
 
 Guatemala necesita copiar a otros países que han establecido leyes de tránsito efectivas y que reducen la cantidad de accidentes y de muertes en la vía pública. España es un buen ejemplo y hay muchos otros países a los cuales podemos imitar. Dejemos por un lado las improvisaciones y pensemos en serio en una reforma profunda a la ley.