Para mí, el artículo más sabio y finalista de la Constitución es el 118, pues sintetiza la aspiración de nuestra democracia: El régimen económico y social se funda en principios de justicia social, estableciendo que es obligación del Estado orientar la economía nacional para lograr el uso de los recursos naturales y el potencial humano, para incrementar la riqueza y tratar de lograr el pleno empleo y la equitativa distribución del ingreso nacional, agregando, que cuando fuera necesario, para esos fines, el Estado actuaría complementando la iniciativa y actividad privada -esto último, teniendo presente los costos de introducción de la electrificación y telefonía rural, así como lograr la estabilización de precios a través de INDECA-.
El Censo de Población de 2002 ya nos alertaba de que en 12 % de los hogares había por lo menos un migrante, con las implicaciones de desintegración familiar que ello acarreaba. Nuestros niños están migrando hacia los Estados Unidos de Norteamérica por razones económicas o de seguridad. Siguiendo a sus padres, que no tuvieron oportunidades de empleo decente en su patria y para ellos tampoco lo habrá; también porque huyen de la violencia de las pandillas o para no dedicarse a actividades ilegales. Si bien hay que atender el problema de seguridad, la causa principal es de política económica.
Los datos muestran que entre el Censo Agropecuario de 2003 y la Encuesta Nacional Agropecuaria 2013 el cultivo de palma africana aumentó la superficie cultivada en 270% y su producción en 84%; el cardamomo aumentó 76% la superficie cultivada y 60.5% lo producido; el hule aumentó su superficie cultivada en 154% y 54% su producción; el azúcar aumentó su superficie de cultivos en 38% y su producción en 33%, finalizando el café con 35% de aumento en la superficie cultivada y un 14% de aumento en su producción.
Estos datos resultan contrastantes, pues según lo reportado por el IGSS, entre 2004 y 2013 (casi el mismo período) los trabajadores agrícolas no aumentaron ni un cuarto del uno por ciento, 0.23%. ¿Quiere decir esto que los cultivos se han tecnificado, no usan mano de obra intensiva o está evadiéndose el pago del seguro social?
Los trabajadores de la industria manufacturera y de la construcción han disminuido dramáticamente también: un 24% y 36.3% respectivamente. Sólo han aumentado en el lapso mencionado los trabajadores del comercio, servicios y transporte y comunicaciones, que se sostienen mayoritariamente con las remesas de nuestros inmigrantes, cerrando el círculo de un sistema económico perverso y excluyente que no tiene nada que ver con lo que previmos en la Constitución y que sacrifica a la familia y a nuestra niñez y juventud.
A pesar de esta realidad, no se quiso aprobar la ley de desarrollo rural, ni se ha reformado la ley de minería, y antes se apuesta por proporcionar más privilegios, que merman capacidades financieras del Estado, a sectores que no han cumplido nunca su responsabilidad social empresarial.