Un grupo de 64 niños que quedaron desamparados por el accidente de bus en la vuelta El Chilero, ocurrido el 29 de febrero de 2008, esperan incansablemente a que la justicia los favorezca.
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A más de un año del lamentable accidente, los efectos continúan vigentes y la justicia sin accionarse: tres personas han sido individualizadas como posibles responsables del hecho que terminó con la vida de 56 personas y damnificó a 64 menores de edad.
Aunque Sabino Villagrán, ex subdirector de Transportes, y Rolando Morales Cruz, abogado que faccionó el acta de compraventa del autobús podrían enfrentar juicio en breve, el proceso contra el representante legal de la empresa Transportes Lorenita, diputado Aníbal Salguero, está varado en la Corte Suprema de Justicia.
DESAMPARO
La Procuraduría General de la Nación (PGN) representa legalmente a 64 niños y niñas de distintas edades que fueron damnificados con el accidente, sin embargo, todo parece indicar que estas víctimas colaterales tendrán que esperar por mucho tiempo a que la justicia llegue.
Entre sus acciones, la PGN solicitó que la entidad Transportes Lorenita, propiedad del diputado Salguero, fuera tomada en el proceso como tercera civilmente demandada. Los abogados del Estado buscan con ello que los infantes puedan recibir resarcimiento económico cuando se deduzcan responsabilidades penales en ese caso.
La solicitud fue declarada con lugar por parte del Juzgado contralor, por lo que al término del juicio, la PGN podrá solicitar responsabilidades civiles en favor de los infantes que perdieron a sus padres o a la personas responsable de ellos, sin embargo, parece faltar mucho tiempo para ello.
Byron Alvarado, director del Movimiento Social por la Niñez y la Adolescencia, opinó al respecto que los niños siempre son más vulnerables en todos los casos y que el Estado ha dejado desprotegida a la niñez.
El abogado también criticó el accionar de la PGN al indicar que «actúa tibiamente porque si los niños quedaron sin el cuidado parental necesario, debieron responsabilizarse de incluirlos en algún programa de ayuda», indicó el entrevistado.
Alvarado opinó, además, que la PGN no sólo debe promover el resarcimiento a las víctimas infantiles sino proveer una protección de vida por el abandono que sufrieron los niños al fallecer sus padres o familiares: «hay un sesgo en la interpretación de la ley por parte de la PGN, porque también se convierten en un abogado patrocinante de los menores», dijo.
El juzgado Noveno de Primera Instancia Penal resolvió enviar a juicio al abogado Jorge Rolando Morales Cruz, luego de haber sido acusado de faccionar un acta con documentos falsos para la compraventa del autobús de Transportes Lorenita que se accidentó en la vuelta El Chilero.
Además, Sabino Villagrán, ex subdirector de Transportes y quien extendió el permiso de circulación del citado vehículo, pese a que el propietario había solicitado documentos falsos también espera el inició del debate en su contra.
En el caso de Salguero, su antejuicio no ha sido resuelto ya que ha presentado tres recusaciones contra los magistrados de la CSJ, que lo han tenido suspendido desde el 19 de noviembre último, cuando el pesquisidor Napoleón Gutiérrez recomendó retirarle la inmunidad al diputado, para que sea investigado por los delitos de uso de documentos falsificados, falsedad material, defraudación tributaria.
BYRON ALVARADO
Movimiento Social por la Niñez y la Adolescencia