Al revisar los indicadores de pobreza, exclusión y desigualdad por cada grupo especí­fico de la población guatemalteca, se puede comprobar el saldo que se tiene sobre el cumplimiento de aquel artí­culo constitucional en donde se asegura que el Estado está organizado para garantizar el bien común.

Sin duda, quienes han ejercido el poder de manera permanente y controlan la actividad económica, la distribución de la riqueza y hasta las direcciones de las principales instituciones del Estado, manejan el concepto aristotélico del bien común: el beneficio es para los ciudadanos, no para las mujeres ni para los niños.

La pobreza de la mayorí­a de la población no es el resultado de la generación espontánea, es la consecuencia deliberada de un pequeño grupo de la población que busca mantener su situación de privilegio y, que para lograrlo, han optado por mermar los derechos de la persona durante sus primeros años de vida.

Los datos proporcionados por UNIFEC como parte del II Encuentro Nacional por la Primera Infancia dan cuenta: los niños y niñas constituyen el 21.54% de la población guatemalteca, la mayorí­a se encuentra en el área rural y más del 40% integran los pueblos indí­genas; más de un millón y medio de niñas y niños viven en pobreza, y cerca de 500 mil en pobreza extrema.

Entre los datos presentados, uno de los más alarmantes está relacionado con la desnutrición crónica. La investigación señala que más del 49% de la niñez menor de cinco años presenta este tipo de problema, y como no puede ser de otra manera en este paí­s modelo racista y excluyente, la mayorí­a son indí­genas y del área rural.

En el ámbito privado, el maltrato infantil y el abuso sexual, contribuye a frenar el desarrollo de los niños y niñas en Guatemala. De acuerdo con UNICEF, en ambos casos, más del 50% de las denuncias presentadas corresponde a menores de 9 años.

Las nuevas autoridades de Gobierno han ofrecido varios programas para concretar las propuestas de varios sectores sociales en cuanto al desarrollo integral de la población, con una especial atención a los niños y niñas.

Como no constituyen una masa electoral, la agenda de la niñez no forma parte de la actividad polí­tica del Estado. Las nuevas autoridades de Gobierno han prometido varios programas sociales que garanticen la seguridad alimentaria, educación y salud, para los niños y niñas del paí­s.

Sin embargo, el problema es estructural, y mientras se impulsan los paliativos a los problemas actuales, también debe contemplarse la construcción de una sociedad equitativa, en donde la población reciba la atención que necesita de acuerdo a sus necesidades. De lo contrario, seguiremos con los más altos í­ndices de mortalidad infantil, mientras los pequeños privilegiados van al extranjero a pasar sus vacaciones.