El Programa de Protección y Seguridad Infantil y Juvenil de Guatemala denunció que el Estado invierte Q5.22 diarios para cubrir las necesidades básicas en salud, educación, recreación, vivienda y protección de más de siete millones de niños y adolescentes.

Según el consorcio, esto refleja una total desprotección estatal y legítima en la violencia sexual, el maltrato, los embarazos en menores, la inserción a la delincuencia y otros problemas de este sector de la población.

El Programa exigió incrementar el financiamiento de programas enfocados a la protección de los menores de edad.