En el Juzgado Quinto del Ramo Penal, Ligia Pérez rechazó la solicitud de medidas cautelares de comiso del Ministerio Público y el querellante adhesivo, Asprodeco, en el Caso La Riviera.

Luego de que la Corte de Constitucionalidad resolviera que la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) se atribuyó facultades que no le correspondían, que carece de seguridad y certeza jurídica, que vulnera figuras del ámbito aduanero,  al permitir que un depósito aduanero operara como tienda libre, en el caso en contra de las tiendas La Riviera, se hizo la solicitud judicial de decretar comiso en las mercaderías de la sociedad.

De acuerdo con Eugenio Fernández, presidente de Asprodeco, con este requerimiento se pretendía que la mercadería que se encuentra en las bodegas y almacenes de la sociedad fuera sacada de la venta: “nosotros queríamos que de manera inmediata cerraran las instalaciones para evitar de que día a día, venta a venta, se siga defraudado al Estado”.

Durante la audiencia celebrada en el Juzgado Quinto del Ramo Penal, la jurista Ligia Pérez escuchó los argumentos de la Fiscalía de la Sección contra Delitos Económicos, y del querellante, y resolvió rechazar la solicitud de comiso, que a su criterio fue mal planteada.

“Analizando las investigaciones del MP y el aporte que ha hecho la parte adhesiva, sí hay los supuestos para establecer que existe la posible comisión del hecho delictivo” indicó; sin embargo, solicitó a los abogados que fueran más específicos al indicar qué medida cautelar requerían, porque el “caso de comiso es una pena, y no es una medida cautelar”.

Las partes insistieron en que se diera el comiso, pero la juzgadora negó el requerimiento, y reprogramó la audiencia para el próximo jueves a las 9 de la mañana.

“ES UN CASO DIFÍCIL DE ENTENDER”

De acuerdo con el abogado querellante, Luis Fernando Cordón, el caso de defraudación aduanera y tributaria, en que señalan incurrió La Riviera, es un caso especial en su tipo, “se maneja de forma distinta a un proceso normal penal; en materia judicial tributaria las reglas son distintas, en cuestión de faltas o infracciones no se habla de medidas precautorias o cautelares, sino de ‘reglas especiales’ ”.

“La ley ordena a los jueces que todos los procedimientos especiales deben observar las reglas especiales, incluida dentro de sus literales el decomiso de mercaderías”, dijo Cordón, quien concluyó manifestando que la juzgadora no entendió los hechos.

“La jueza es del criterio de que se deben analizar otras medidas cautelares distintas con la finalidad de que se garanticen las resultas del proceso”, subrayó Cordón.

Asimismo, Fernández, presidente de Asprodeco, indicó que “es un caso muy atípico, es la primera vez que un querellante solicita que se investigue un caso de defraudación aduanera y tributaria; hay ciertas lagunas legales que esperamos poder resolver lo antes posible”.

Según Cordón, en la próxima audiencia ampliarán el fundamento de su solicitud, para que posteriormente la fiscalía solicite el secuestro de los documentos contables y exijan que sea la SAT, como autoridad tributaria, quien determine el monto real defraudado.