La posibilidad de que la muerte del doctor Vinicio Gómez, primer ministro de Gobernación de eso que ahora se conoce publicitariamente como el «Gobierno de ílvaro Colom», fue recordada por el mismo Presidente de la República cuando al hablar del primer cambio de ministro en la cartera del interior lo situó como consecuencia del «asesinato de Vinicio Gómez». Nos interesa destacar que es frustrante que ni siquiera ante la muerte de un efectivo colaborador, el gobierno haya tenido un aire con remolino para investigar los hechos y juzgar a los responsables.
Se podrá decir que corresponde al Ministerio Público la investigación de los hechos criminales y que la «independencia» de la fiscalía impide que el Ejecutivo pueda presionar para una eficaz investigación. Pero no olvidemos que existen instrumentos de inteligencia, tanto civil como militar, al servicio de la Presidencia que debieron ponerse en marcha para aportarle al Ministerio Público los datos pertinentes para judicializar el caso. Es inaceptable que a estas alturas, luego del gazapo que tuvo cuando públicamente habló del asesinato de Gómez, el Presidente tuviera que recular diciendo que podía ser asesinato o accidente.
La menor sospecha de mano criminal en la muerte de un ministro tendría que haber provocado un intenso trabajo de investigación, siquiera por elemental lealtad hacia el ciudadano que aceptó el reto de ser funcionario público y expuso su seguridad en el afán de enfrentar las distintas formas de criminalidad en el país. Gómez estaba haciendo un servicio al país, ciertamente, pero también estaba trabajando con total entrega hacia el gobierno que le nombró como ministro de Gobernación y por lo tanto, existiendo la duda o sospecha, era irrenunciable la obligación de hacer algo para esclarecer los hechos y determinar la verdadera causa de la muerte.
Aparte del mensaje macabro que se le envía a la población en el sentido de que ni siquiera ante la muerte de un ministro se puede esperar la aplicación de la ley para buscar justicia, qué le puede esperar al ciudadano común y corriente. Pero en este caso no se puede hablar de la estadística que apenas refleja procesos en ínfimos porcentajes de los delitos cometidos, sino que se tiene que pensar en las causas por las cuales un gobierno que tiene a su disposición elementos para investigar y conocer los hechos, decide dejar que el hecho sea engavetado tranquilamente por los investigadores y hasta que se pierdan evidencias, como lo denunció la esposa del doctor Gómez.
Mal, muy mal realmente, tiene que estar nuestra Guatemala para que ni siquiera en un asesinato que debió entenderse como un durísimo golpe al Estado y al gobierno actual, alguien haya tenido un pequeño aire con remolino para averiguar qué ocurrió en ese aciago vuelo de helicóptero.