La actitud de Eduardo Meyer, obstaculizando el procedimiento de antejuicio, demuestra su verdadera calaña porque hay que entender que en este momento no se está siquiera por discutir si es o no culpable ni se cuestiona absolutamente nada del debido proceso sino simplemente si hay o no lugar a la formación de causa en su contra.
Y evidentemente el señor Meyer tiene que responder ante la justicia y aclarar su situación legal en los tribunales como cualquier ciudadano. En otras palabras, lo que Meyer está haciendo es torpedear la posibilidad de que sea siquiera juzgado por el desvío de los 82 millones de quetzales y eso, para decirlo de la manera más franca posible, no tiene madre.
Como no la tiene que los magistrados se hayan tardado ya una eternidad en conocer de los casos incoados contra el propio Meyer y contra su colega Rubén Darío Morales, quienes a estas alturas ya tendrían que estar como cualquier ciudadano tratando de resolver su caso en los tribunales competentes sin escabullirse de la acción judicial ni, mucho menos, cuestionar el procedimiento en su contra.
El antejuicio es una institución cuestionable pero hay que reconocer que su intención es impedir que se pueda utilizar un proceso legal sin fundamento en contra de alguna autoridad simplemente para apartarlo del cargo. Pero en el caso de la malversación de los fondos del Congreso, porque hubo malversación al colocarlos en una casa de bolsa cuando el Congreso no tiene entre sus fines el andar haciendo inversiones, no cabe la idea remota de que pueda haber una persecución política. Tanto Meyer como Morales tenían la responsabilidad de la administración de los recursos del Congreso y como tales tienen que responder por lo que ocurrió.
Es más, sostenemos que el Procurador General de la Nación debe iniciar inmediatamente las acciones civiles correspondientes para demandar por esa vía la restitución del dinero y para el efecto urge que se embarguen todos los bienes de los implicados, pero especialmente de quienes eran cuentadantes y por lo tanto responsables directos del cuidado de los fondos públicos.
Pero ofende a la inteligencia y la dignidad del guatemalteco darse cuenta que nuestros políticos no tienen ni siquiera elemental sentido de vergí¼enza. Hay que ser cínico para torpedear un proceso que apenas es de antejuicio y si con este se comporta así Meyer con el consejo de sus abogados, ya podemos imaginarnos cómo actuará cuando le llegue la hora de enfrentar el juicio penal correspondiente. ¿Habrá alguien con la dignidad de decirle a este señor: ¡Basta ya de sinvergí¼enzadas, diputado Meyer!?