La nueva ley de minería está condenada en el Congreso de la República porque son demasiados los intereses en juego y mucho el dinero que se puede dejar de ganar si acaso prosperara alguna de las ideas que pretenden mejorar el nivel de regalías para Guatemala, no digamos si al fin se implementara el criterio de la consulta popular para que la comunidad que pueda verse afectada opine sobre el establecimiento de una industria de ese tipo en la región.
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Algún diputado ha dicho que cualquier reforma sería inconstitucional si afecta los intereses de las mineras que ya están asentadas en el país, tesis que se sustenta con el hecho de que nuestros diputados aprobaron un tratado de libre comercio que le arrebata al país la soberanía para revisar casos como los de las concesiones otorgadas a esas empresas y en los que evidentemente corrieron chorros de pisto.
Porque por mucho que algunos diplomáticos se rasguen las vestiduras en defensa de las concesiones mineras, nadie puede ocultar que las mismas se dieron en el marco general del sistema de corrupción que prevalece en el país y precisamente por ello es que se lograron pasar por el arco del triunfo toda la oposición no sólo de los grupos ambientalistas que advirtieron de los daños irreparables, sino a las mismas comunidades. No me cabe en la cabeza que ningún diplomático con mínimos de decencia trate de ocultar o niegue la existencia de contubernios asquerosos entre los empresarios de sus países y los funcionarios que negociaron las concesiones. En Guatemala, como se atribuye al director de la OIM, no hay obra sin sobra, a lo que hay que agregar que tampoco hay concesión sin corrupción y eso vale para todo, desde las mineras hasta las frecuencias.
Las empresas mineras están librando una batalla para agarrar de babosos a unos cuantos que todavía comulgan con ruedas de molino y con evidentes y grandes falacias hablan de los beneficios que la minería le deja a Guatemala. Mamolas, dirían nuestros ancestros, porque no hay tales beneficios y lo cierto del caso es que se lo llevan todo, hasta la dignidad de este pobre país y lo hacen gracias al arreglo bajo la mesa, al procedimiento viciado y corrupto que les otorgó la concesión.
Y así como tiran pisto en la campaña de opinión pública, también gastan en otro tipo de campañas que son más costosas, pero más efectivas. Se trata de tener en una especie de planilla especial a los que pueden decidir e influir para contrarrestar las voces sensatas. Uno de los esfuerzos más grandes ha sido desprestigiar a la Iglesia Católica porque saben que los obispos de Guatemala han jugado un papel de extrema consecuencia con el pueblo y por lo tanto los atacan de muchas formas, desde las directas hasta las más sublimales.
En ese contexto la alianza con ciertos diputados es absolutamente fundamental para preservar el negocio y mantener el trinquete. Si ya gastaron tanto en sobornar a funcionarios de anteriores gobiernos, un poco más de «inversión» para apuntalar su posición entra dentro de los gastos razonables que presupuestan esas empresas de países que blasonan honradez, pero que corrompen a sus vecinos al sur.