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Después de más de 10 años de espera, tiempo en el que grupos sociales cuestionaban que los políticos se negaran a darle vida a un cuerpo legal que combata a funcionarios y empleados públicos que hacen mal uso de los fondos del Estado, el Congreso aprobó en noviembre de 2012 la Ley Penal contra el Enriquecimiento Ilícito, también conocida como Ley Anticorrupción.

El proceso fue en extremo lento y complicado, pues los legisladores se resistieron durante muchos años a tipificar los delitos de enriquecimiento ilícito, el tráfico de influencias y cobro ilegal de comisiones, entre otros, pues sabían que en un futuro les afectaría esa decisión.

Sin embargo, la precisión social fue clave para motivar el voto de los congresistas y encausarlos hasta la aprobación de la Ley, que hoy es una de las principales herramientas para combatir la corrupción.

Otras leyes igual de trascendentales también han pasado varios años en lista de espera, como la Ley de Extinción de Dominio, que fue aprobada en 2010, solo después de una intensa campaña de presión social.

También en espera, pero con menos suerte, la iniciativa de Ley de Desarrollo Rural Integral se encuentra engavetada en el Legislativo, así como las modificaciones a la Ley de Minería y un paquete de leyes de transparencia.

Todo apunta a que las cosas marchan a paso lento en el Congreso, pero no siempre es así; cuando se trata de leyes que involucran negocios o intereses particulares, las iniciativas se aprueban de manera fugaz, de urgencia nacional.

INCENTIVOS DE “VOLUNTAD POLÍTICA”

La “voluntad política” es el elemento que se necesita para aprobar una ley, dicen los congresistas. Sin embargo, muchos reconocen fuera de grabación que los incentivos que los motivan para decretar una iniciativa de legislación no son los mismos y que no todas las leyes se aprueban por la vía correcta, o sea alejadas de la transparencia.

De acuerdo al politólogo Renzo Rosal, director de Incidencia Política de la Universidad Rafael Landívar y exintegrante del Foro Guatemala, para reconocer la viabilidad para aprobar una ley, no hay una sola lógica y hay varios elementos que se mezclan.

Por un lado va a depender mucho de quién es el tema, o sea, quienes impulsan la iniciativa de ley y el otro es, de qué trata ésta; esto para ver qué peso político puede tener, explica.

El caso más reciente es el de la Ley de Regularización Fiscal, que reduce el impuesto a la circulación de vehículos y crea una amnistía fiscal. La normativa fue aprobada en el plazo de dos días y sin dificultad.

Así mismo, en cuestión de horas, se aprobó en el año la Ley de Telecomunicaciones, lo que implicó importantes beneficios para las empresas relacionadas con la telefonía celular y las comunicaciones.

Rosal indicó que entre los impulsores no necesariamente tiene que pertenecer a un partido político, sino que pueden ser actores que tengan mucha influencia en los congresistas; pueden ser del sector empresarial, organizaciones de la sociedad civil y así como entidades de otros países, como las embajadas, dijo el politólogo.

El exintegrante del Foro Guatemala consideró que un factor importante para que una ley se apruebe es que existan acuerdos entre bancadas, que no se refiere a la instancia de jefes de bloque, sino que a los acuerdos que puedan existir entre los secretarios generales de partidos políticos.

Esto, Rosal lo califica como un “espacio gris”, pero fundamental para lograr que las bancadas puedan hacer caminar un tema o “entorpecer y meter una ley en el más frío de los congeladores”, o sea, detener cualquier posibilidad de aprobación, pero esto va a depender de cómo beneficia a la organización política.

El experto en política aseguró que hay otros factores clave, para que una ley pueda ser aprobada están los incentivos económicos, que tienen mucho peso, y es donde se ve la aprobación de leyes como un juego político, una transacción o un negocio, expresó.

Rosal agregó que cuando una ley tiene más probabilidades de aprobarse en cuando “se alinean los incentivos”; esto quiere decir, que cuando hay incentivos para los diputados, para los partidos y su cúpula dirigencial y para los sectores “satélite” que les interese una iniciativa de ley.

Cuando se incentiva sólo a un actor en la aprobación de leyes es muy probable que los temas queden pendientes, concluye el de Foro de Guatemala.

NEGOCIAR PRIVILEGIOS

El diputado unionista Leonel Soto Arango aseguró que para que un tema tenga éxito en el Congreso debe tener muy buen “cabildeo”, ya que si esto no se hace, ni importa lo “bondadoso que sea el tema, lamentablemente el tema no prospera”.

Arango señaló que la razón por la que muchas iniciativas no pasen por el pleno es por la falta de habilidad política de cabildear el tema.

El “cabildeo” es esa acción que hacen los diputados de acercarse a sus homólogos y que en teoría en la instancia de jefes de bloque; éstos deben explicar el tema a los demás congresistas con el objetivo que les permitan tener los votos necesarios para aprobar una iniciativa de ley.

Pero esto, según cuenta el diputado Arango, sólo podría quedar en teoría.

El congresista indicó que existen los temas que no son de interés nacional, que “aparentemente crean un beneficio para la sociedad guatemalteca, pero la verdad es que sólo se trata de privilegiar un sector empresarial” y sí el tema camina, es porque alguien con un poder político ejerció presión.

Entonces, bajo un procedimiento automático se suman los apoyos para aprobar dicha ley. “La disposición del gobierno de turno es esencial para que un tema avance”, comentó Arango.

El unionista dijo que un buen tema para entender cómo avanza rápidamente una ley, es la aprobación de la Ley de Telecomunicaciones, ya que es evidente que los dirigentes de los partidos políticos tienen que quedar bien con las personas que están a cargo de las frecuencias televisivas actualmente para tener espacios en los diferentes medios de comunicación.

“No podemos negar lo que es evidente (…) lo que se pretendió fue hacer negociaciones de espacios publicitarios versus los apoyos a la Ley”, aunque los ofrecimientos como éstos y otros no se puedan sustentar en un documento legal, el diputado aseguró que se verán reflejados en los compromisos de la contienda electoral.

Y así es como esta ley, pasa con otras con rango parecido, porque “realmente es negociar privilegios, para otro tipo de privilegios”, aseveró el Congresista.

Soto añade que hay dos medios, por lo que es más fácil que se apruebe una ley, por un lado están los “incentivos” y por otros están las “amenazas”.

Cuando dice “amenazas”, se refiere a la presión constante, en la cual los interesados en que se apruebe dicho atentan con eliminar al congresista algún privilegio.

SIN DIÁLOGO

El diputado Manuel Barquín de la Gran Alianza Nacional (GANA) dice que la única forma de que una agenda legislativa pueda avanzar, es mediante cabildeos, y considera que dichos consensos le convienen a las bancadas, ya que les permite quedar bien con los votantes, porque son leyes que les interesan, explicó.

El diputado niega que haya negociaciones en la cual haya un intercambio de intereses o incentivos económicos y aseguró que la única forma para que haya votos para aprobar una ley es mediante “cabildeos”.

Alfonso Cabrera, exdiputado por la Democracia Cristiana, explicó que lo más complicado para una iniciativa de ley es enfrentarse a muchos actores oponentes a la propuesta, lo cual debería resolverse mediante la búsqueda de consensos entre las partes, para buscar el equilibrio.

Pero esto, en la realidad política no sucede porque “la práctica del diálogo no se realiza a menudo en el Congreso o casi nunca”, aseguró.