La venta de la información del Registro Civil de la Municipalidad de Guatemala a una empresa privada que ahora se da el lujo de cobrar al Registro Nacional de Pobladores si quieren tener acceso a esa información es, evidentemente, un negocio sucio e inmoral de los tantos que se dan en la administración pública. Cabalmente la Ley de Acceso a la Información pretende que los registros que se tengan de cualquier persona en oficinas públicas sean totalmente accesibles para los interesados y que nadie pueda lucrar con los mismos.
Hace mucho tiempo, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los íšltimos Días propuso a la Municipalidad que le proporcionara esos registros porque en Salt Lake City habían construido una enorme bóveda a prueba de ataques nucleares y que pretendían tener en ese lugar el mayor número de registros de personas para preservarlos en caso de una catástrofe bélica. El gancho era que ofrecían la microfilmación de todos los registros y dejar una copia gratuita a la Municipalidad. En aquella época, alrededor de los años setenta, el costo de la microfilmación era muy alto y estaba fuera de las posibilidades del empobrecido municipio, pero no se aprobó la propuesta cabalmente para preservar el derecho de los vecinos. Nadie podía asegurar que los mormones iban a meter en la bóveda los datos sin usarlos para sus fines de expansión que coincidían con ciertas políticas norteamericanas de la época.
Sin embargo, décadas más tarde, la Municipalidad bajo la dirección de Fritz García Gallont se apuntó a vender toda la información sobre todos y cada uno de los nacidos en el Municipio, de sus cambios de estado civil y demás intimidades, incluyendo la misma muerte, sin que los afectados fueran siquiera enterados del sucio negocio que hoy está saliendo a luz por el traslado que hubo necesidad de hacer de toda la información de los registros civiles hacia el Renap. Y cuando éstos se enteraron de la digitalización existente, resulta que la misma es privada y que la Municipalidad no sólo vendió los derechos a «comercializar» los datos de los vecinos, sino que pagó por el trabajo digitalizador.
Viendo la resistencia que los diputados unionistas hacen a la Ley de Acceso a la Información es de advertir que no quieren dar a la población información oficial de acuerdo al mandato constitucional que ordena la publicidad de los actos de la administración, pero sí usan la información para venderla a empresas particulares que pueden «comercializar» la partida de nacimiento de todos y cada uno de los nacidos en el Municipio, lo cual resulta no sólo contradictorio sino inaudito. A ver si el Ministerio Público hace algo al respecto.