Desfinanciamiento, asignaciones a organizaciones no gubernamentales, marginación a la fiscalización de fideicomisos y descontrol en el listado geográfico de obras son algunos de los temas que salen a flote en un presupuesto hecho a la medida del oficialismo. Aunque el tema ya no ha generado noticia, se mantienen las dudas sobre la transparencia y la calidad de gasto para el plan financiero más grande de la historia en el ejercicio fiscal del próximo año.

Pocas semanas han pasado desde que el Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Nación fue aprobado. Si bien el tema desapareció de la palestra, algunos siguen analizando la decisión del Congreso de darle luz verde al presupuesto más grande de la historia, el cual asciende a Q67 mil 891 millones.

Los acercamientos a puerta cerrada del binomio presidencial con diputados de distintas bancadas levantó sospechas, pero aún más el hermetismo que manejó la Comisión de Legislación de Finanzas para emitir el dictamen. El tema sorpresivamente llegó al pleno del Congreso sin que su contenido fuera conocido por el resto de congresistas.

Sin embargo, los votos para darle luz verde se lograron. La bancada Lider no dudó en denunciar que la aprobación del presupuesto sin obstáculos confirmaba que hubo dinero bajo la mesa de los diputados oficialistas y sus aliados.

Pero el monto no fue lo único cuestionable, sino también resaltaron las negociaciones que giraron en torno a la aprobación del plan de gastos y los temas que continuaron generando críticas en algunos sectores.

“Lamentablemente la coyuntura tan volátil hace que un tema no se pueda sostener; el hecho tan doloroso que ocurrió en San Marcos le sirvió al gobierno para hacer obra social y para que todos los temas desaparecieran. El Presupuesto quedó en la gaveta del olvido, pero persisten las dudas sobre el financiamiento, exceso de gastos en funcionamiento y poca inversión”, criticó la diputada Nineth Montenegro.

Para la congresista el presupuesto que regirá el próximo año, aun con un crecimiento importante, sigue sin priorizar la inversión. El decreto del Presupuesto establece que Q43 mil 157 millones 441 mil 390 serán destinados a funcionamiento, en tanto que solo Q14 mil 893 millones 896 mil 847 serán para inversión.

Para el exministro de Finanzas y economista, Edgar Balsells, no sorprende que se priorice el funcionamiento y explica la causa de esta situación: “Hay un desborde de autonomías, y entonces se vuelve una lucha de chances, hay contratación de gente, sobreponer puestos; esa es la deformación que tiene el Presupuesto”.

En cuanto a la inversión, el experto considera que  se concentra en pocas entidades y el cuestionado Fondo Nacional para la Paz es uno de ellos. “Es su caja chica, en la que no se aplica la Ley de Compras; no hay procedimientos, no hay nada. Por eso es un ejecutor nato, junto con el Fondo de Solidaridad y el Ministerio de Comunicaciones y paremos de contar, todo el Consejo de Desarrollo, municipalidades, Caminos y Covial, ahí está la inversión”.

El decreto 30-2012 establece un aumento de Q226 millones a Fonapaz, de los Q446 millones que tenía asignado este año. El manejo de recursos ha sido cuestionado, incluso se teme que haya interés político en que el fondo asuma la responsabilidad de la reconstrucción de Quetzaltenango, lugar de donde es originario su titular, Armando Paniagua.

“No es raro que el Fondo esté encargado del lugar; evidentemente hay un compadrazgo político y económico en el tema del financiamiento de campaña”, señaló Marvin Flores, encargado del área de transparencia de Acción Ciudadana.

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, que actualmente es cuestionado por promover el pago de una deuda de arrastre “ilegal” -por carecer de respaldo jurídico-, tendrá una asignación de Q5 mil 885 millones el próximo año; los expertos también centran su atención en esta institución, que se encarga de realizar importantes contratos con empresas privadas de la construcción.

ONG DESCONOCIDAS Y FIDEICOMISOS
Aunque ha sido normal que organizaciones figuren en el ejercicio fiscal, este año salieron a luz alguna entidades desconocidas. “Esa fue una sorpresa; aparecieron unas organizaciones un poco extrañas. No puedo señalar si están vinculadas a alguien, lo que sí le puedo decir que esas ONG no se discutieron en el pleno de la Comisión de Finanzas”, señaló el diputado independiente Alejandro Arévalo, quien integra la Sala de Trabajo.

La bancada de Encuentro por Guatemala criticó los Q1 mil 800 millones asignados a las entidades. En referencia al Partido Patriota,  Montenegro determinó: “tanto criticar al gobierno anterior y ellos aprobaron Q1 mil 817 millones en las ONG, unas para salud, educación, gobernación y otras diferentes. Unas son muy buenas y hacen su trabajo, pero otras ahí conocimos los nombres”.

Para Edgar Balsells, reducir al Estado ha provocado que vaya abandonando sus funciones y dando paso a que organizaciones no gubernamentales y empresas privadas asuman su rol, pero eso no garantiza que hagan un trabajo y cumplan con la transparencia.

“Esto viene mucho de la época del neoliberalismo”, dice el experto, quien asegura que, para la negociación del Presupuesto, varias entidades privadas pujan en el sistema político para ser incluidas dentro del plan de gastos. “Son amigos de políticos y diputados por lo que logran ser beneficiadas. Esta dinámica les resulta fácil porque no es dinero de ellos el que reciben; hay una carencia del sentido público y del dinero público, los diputados hacen una total irresponsabilidad”, resaltó

Según el decreto aprobado, en el Presupuesto se beneficia a 86 organizaciones. Algunos diputados mencionaron que éstas tendrían vínculos con políticos. El Hogar Dulce Refugio asociada a Manuel Baldizón recibió Q5 millones. La Federación de Cooperativas de las Verapaces vinculado al diputado oficialista Haroldo Quej y la Fundación Esquipulas vinculada al expresidente Vinicio Cerezo también se beneficiaron.

El llamado de Acción Ciudadana también está dirigido a transparentar el uso de los recursos que conforman los fideicomisos públicos, que no se encuentran contemplados en el Presupuesto y que por su naturaleza misma no pueden ser fiscalizados.

Sobre este tema, la contralora General de Cuentas, Nora Segura, ha dicho que esas figuras deben ser eliminadas -debido a su inconsistencia legal-, pero hasta ahora el tema no parece interesarle a los diputados.

NORMAS PRESUPUESTARIAS
Algunas bancadas condicionaron su apoyo al Presupuesto, a cambio que se incluyeran algunas normas. Entre las que fueron incluidas se encuentra el artículo 17 dedicado al programa nutricional Ventana de los Mil Días, que tiene la obligación de crear un reporte en el Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN), y una estructura presupuestaria con el objetivo de viabilizar su fiscalización.

Se incluyó en el artículo 20, sobre el acceso a alimentos, con el propósito de priorizar la compra con el Programa Mundial de Alimentos. También se modificó la asignación especial para el plan Hambre Cero, de manera que no se puedan trasladar los recursos a otras entidades y se le dé prioridad en la asignación de fondos.  El decreto también incluyó en el artículo 65 sanciones de Q5 mil a Q100 mil por incumplimientos a estas normas. 

Aunque faltan algunas semanas para que el ejercicio fiscal se ponga en marcha, las dudas en el ambiente se mantienen. La principal preocupación gira en torno al financiamiento, ya que de no lograr las metas de recaudación y las autoridades decidan inclinarse por bonos y préstamos, Guatemala seguirá alimentando una deuda que no tendrá fin. Con esto, se caen las críticas que mantuvo el oficialismo cuando le tocó jugar de lado de la oposición.