Los gobernantes de Guatemala nunca se han destacado por ser muy lúcidos; pero la declaración de Otto Pérez negando el genocidio ha sido un acto de ignorancia y arrogancia; no se puede tapar el sol con un dedo. El genocidio, por su magnitud como crimen de lesa humanidad, no lo definen los individuos, mucho menos los miembros del ejército acusado de haberlo cometido.

Lo define la ONU, como el caso de Guatemala, y jurisconsultos, con abundancia de pruebas y elementos. Solamente así se abre una causa legal.
Christian Tomuschat analizó los testimonios y documentos que estaban disponibles y orientó a la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), avalada por la ONU, a dictaminar que “agentes del Estado de Guatemala, en el marco de las operaciones contrainsurgentes realizadas entre los años 1981 y 1983, ejecutaron actos de genocidio en contra de grupos del pueblo maya que residía en las cuatro regiones analizadas”. El sistema judicial guatemalteco ha abierto causas por “genocidio” y ha encontrado suficiente causal para la prisión domiciliar de Ríos Montt.  De igual manera, las cortes de España han abierto causas  contra varios responsables por ese mismo delito. Los generales no se gradúan de abogados; pero cualquier conocedor de los Convenios de Ginebra sabe la responsabilidad del ejército de Guatemala por crímenes de guerra.

Ante la montaña de documentos, incluido el “Nunca Más” del REMHI, y testimonios de sobrevivientes, el ejército optó por guardar silencio y, peor aún, por ocultar la información en su poder. No obstante, uno de los resultados más importantes de la investigación realizada por la CEH fue verificar el genocidio en Guatemala.
El Presidente de Guatemala debe leer la Convención contra el Genocidio, firmada y ratificada por nuestro país, que obliga a las autoridades a investigar todas las acusaciones de este delito y someter a los responsables a la justicia. No importa cuánto tiempo haya transcurrido, ni qué tan ancianos estén los diseñadores o ejecutores de estas políticas; el Gobierno debe enjuiciarlos y jamás pretender negar el crimen. Actualmente existe una disputa internacional entre Francia y Turquía, porque una ley francesa hará que sea delito la negación del genocidio de los turcos contra los armenios. También leímos la condena internacional contra el mandatario del Irán, cuando éste negó la existencia del genocidio nazi. Otto Pérez se expone a una vergüenza internacional semejante, justamente cuando Guatemala se acaba de estrenar en el Consejo de Seguridad; lo más prudente para él es callar y dejar que la justicia actúe.
Hay algunos guatemaltecos que quieren hacer una equivalencia entre el ejército y la guerrilla. Pero la tortura y el genocidio, los dos crímenes de lesa humanidad universalmente aceptados, y la desaparición forzada, definida como crimen de lesa humanidad por la OEA, solamente los cometieron las fuerzas del Estado guatemalteco. Hubo esta diferencia sustancial en la gravedad de los delitos y otra diferencia abismal en el número de víctimas (93% por acciones del ejército: ciento ochentiséis mil). Más esperanza tendremos de lograr la reconciliación mientras más pronto se garantice toda la verdad y actúe la justicia, en todos los casos que lo ameriten.