El genocidio en Guatemala 1981-1983 es incuestionable, a partir del dictamen de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH). En su informe se especificó que el Estado lo había perpetrado contra el pueblo maya en ciertas zonas del noroccidente y se exigió al gobierno que se investigara si las acusaciones de que también se había cometido dicho crimen de lesa humanidad en otras partes del país eran igualmente ciertas. Ni Arzú ni ninguno de los otros presidentes hasta Pérez ha cumplido con esa exigencia.

Es más, al llevarse a Ríos Montt a juicio, por su responsabilidad como jefe de Estado, tanto Otto Pérez como el CACIF trataron de negar el genocidio y lograron que un grupo de exfuncionarios y funcionarios de gobierno publicaran un “documento” con la tesis de que con la afirmación de genocidio se traicionaba la paz. No obstante, estos “paladines de la paz” supuestamente aceptaron todos y cada uno de los Acuerdos de Paz, entre los cuales estaba el informe de la CEH, y se han aprovechado de ellos para avanzar sus carreras profesionales y políticas.

Científicos sociales y políticos han demostrado la estrecha correlación entre genocidio y racismo. Se llega a los actos deshumanos que el genocidio implica solamente cuando se niega el carácter de ser humano de la víctima y el odio racial impera. Negar el genocidio, por su parte, ya sea con la consciencia de que con ello se defiende a los mayores criminales que un país pueda producir, como sucede con funcionarios y políticos, o por absoluta ignorancia, incapacidad e indiferencia, como hicieron los miembros del Congreso de la República que aprobaron el decreto negando la existencia de genocidio en Guatemala, es en última instancia una nueva expresión de racismo. Para ellos, los pueblos indígenas no tienen derecho a la verdad, a la memoria, a la justicia ni a la restitución, y las víctimas deberían quedar satisfechas con la “reconciliación” ofrecida por los “poderosos” del país, callando sus demandas, no solamente pasadas sino también presentes. Es, a todas luces, una profundización del racismo.

Por ello, quienes creemos que Guatemala no tiene futuro si no se logra la verdadera igualdad ciudadana, tenemos la obligación de exponer estos diversos actos de racismo que tuvieron su más abyecta ejecución en el genocidio. Los exfuncionarios y funcionarios que firmaron la negación del genocidio, al expresar una vez más su racismo, se han colocado del lado equivocado de la historia y, por lo tanto, deben pagar costos políticos. Me uno así a los pronunciamientos de la Red por la Paz y el Desarrollo de Guatemala (RPDG) en los cuales se rechaza el intento de intervención en FLACSO-Guatemala por parte de Otto Pérez, tratando de imponer a Adrián Zapata, uno de los firmantes del “documento”, y con igual energía me uno a la oposición manifestada por la RPDG a que Eduardo Stein, otro de los firmantes, sea candidato a la Secretaría General de la OEA. La comunidad internacional, académica y política, no puede aceptar a la cabeza de dichos organismos a quienes se han aliado con los victimarios y patentizan su profundo racismo al negar sus derechos a las víctimas.