Los acuerdos de paz establecieron con bastante propiedad las causas del conflicto armado interno de Guatemala y por ello hizo falta abordar temas como la consolidación de la democracia y sus instituciones, el fin de la marginación y exclusión de muchos sectores, la necesidad de una mayor inversión social para combatir la pobreza elevando la carga tributaria y el fortalecimiento del Estado de Derecho para garantizar la igualdad ante la ley, entre los aspectos más relevantes.
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Sin embargo, entendiendo que al final lo que se pactó fue un cese al fuego conveniente entre una guerrilla que no tenía ya viabilidad y que transó para asegurarse espacios en la vida política nacional que permitieran a los comandantes mantener su nivel de vida y un Estado que no estaba dispuesto a modificarse a sí mismo de manera tan trascendental, tenemos que entender que las llamadas condiciones objetivas que dieron lugar al conflicto interno subsisten en muchos sentidos porque no hemos logrado dar un salto importante hacia el desarrollo. No hemos avanzado ni en desarrollo nacional ni en desarrollo humano, por lo que persisten condiciones de miseria que excluyen a millones de guatemaltecos de las ventajas y satisfacciones propias de un mejor nivel de desarrollo.
En términos generales el nuestro sigue siendo un Estado caracterizado por la injusticia, no sólo en el plano social donde la falta de oportunidades se muestra en forma dramática con la emigración constante de miles de guatemaltecos, sino también porque no se aplica correctamente la ley porque el Estado no quiso desmontar los sistemas de impunidad que tanto le sirvieron durante el conflicto interno. Y las llamadas partes, especialmente en este caso la insurgencia, guardan cómplice silencio ante esas deficiencias tremendas que presenta nuestra realidad. Nos llenamos la boca con la existencia de unas cuantas instituciones surgidas al tenor de los acuerdos y con el hecho de que exista ahora una mayor libertad de expresión y que la gente de izquierda pueda hablar sin el miedo al pistoletazo asesino. Pero si vemos el resultado de esa libertad es mucho ruido en la comunicación pero no un mejor nivel de entendimiento entre todos los sectores de la sociedad.
Por todo ello es que pienso que en vez de hablar tantas babosadas cada 29 de diciembre, debiéramos exigir el relanzamiento de los acuerdos de paz, rescatándolos del cajón al que los mandaron el gobierno de Arzú y la comandancia guerrillera. Los acuerdos deben ser política de Estado y tienen que convertirse en la columna vertebral del diseño de un proyecto de nación que nos permita trabajar con clara orientación en busca del desarrollo.
Al final resultó muy cómodo para los involucrados firmar una serie de acuerdos que no se plasmaron en la realidad, porque las partes salieron ganando. Por un lado los guerrilleros garantizaron su futuro a pesar de que ni militar ni políticamente tenían peso significativo y por el otro las instituciones se reacomodaron para mantener las condiciones ventajosas que siempre han prevalecido para pequeños sectores de la vida nacional.
Creo que el próximo gobierno tendría que plantear una estrategia de más largo plazo para iniciar la construcción de un país distinto en el que, efectivamente, superemos todas las causas del conflicto armado y de las injusticias que subsisten. Pero en cambio de eso veremos nuevamente campañas basadas en los viejos estribillos y las cancioncitas carentes de sentido que son los espejitos con los que se sigue agarrando de incauto a un pueblo que no atina a exigir más, a demandar de sus políticos compromisos serios en vez de tanta paja.