Luego de la oposición que en muchos sectores políticos se hizo a los programas sociales, ahora resulta que prácticamente todas las fuerzas que participan en la contienda electoral afirman que les darán continuidad. Sin embargo, creo que es indispensable que se pueda realizar una auditoría seria a los mismos con la intención de medir su impacto en términos de combate a la pobreza y de promover la escolaridad, esto en relación a las transferencias condicionadas.
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Desafortunadamente el Gobierno se opuso tenazmente a dar informaciones sobre el manejo de los recursos, al punto de que esa resistencia le terminó costando el puesto a su Ministro de Educación que antepuso las órdenes de la coordinadora de Cohesión Social a una resolución judicial que le obligaba a proporcionar los datos. La argumentación del Gobierno era que quería proteger a los beneficiarios no sólo en su intimidad sino por razones de seguridad, primero, y luego que no querían que la oposición política pudiera instrumentalizar la información. Lo cierto del caso es que obligados judicialmente a informar del manejo de los recursos, lo han hecho de manera tal que resulta difícil medir el impacto que esos programas han tenido en las comunidades y por lo tanto no se puede hacer una evaluación apropiada como para afirmar que los mismos deben ser modificados, mejorados o simplemente mantenidos.
Vivimos en la era de la información, cuando el acceso a los datos permite planificar de forma adecuada y efectiva, por lo que la ausencia de informes consistentes en esta materia es inaceptable, sobre todo desde la perspectiva de que es absolutamente necesario trabajar para la institucionalización de la inversión en el campo social.
Creo que con esto el Gobierno ha actuado con poca visión, porque con su negativa a informar deja la sensación de que hay muchas cosas que ocultar sobre la forma en que se manejan los recursos. Si alguien actúa de manera transparente, será el más interesado en que se conozca al detalle la forma en que administra los recursos puestos a su disposición, pero toda negativa a informar no se explica sino como consecuencia de la necesidad de ocultar algo. Ese algo puede ser el manejo clientelar de los programas o simplemente hechos de corrupción.
Sucede aquí lo mismo que con el tema fiscal, puesto que cuando el Gobierno dice que no hay que hablar de transparencia sino de aumentar la tributación con respecto al Producto Interno Bruto, está proporcionando suficiente munición a los que se oponen a cualquier reforma fiscal que apunte a elevar los ingresos tributarios. Pues lo mismo pasa con esa actitud de ocultamiento de los datos, puesto que es absolutamente natural que al ver la tenaz lucha legal que se hizo para no dar información, al punto de que hasta se terminó por sacrificar a un funcionario que calificaban como eficiente al frente de la cartera de Educación, cualquiera suponga que hay gato encerrado en esta materia.
Yo he sostenido que Guatemala, por el rezago social existente y la grave inequidad de nuestra estructura social, necesita realizar gran inversión social para compensar esas condiciones de miseria que agobian a tanta gente y que tiene su más dramática expresión en el tema de la desnutrición que condena a la mitad de nuestros niños a un subdesarrollo físico y mental que es un serio lastre para ellos y para el país. Pero sostengo que la mejor forma de institucionalizar esos programas es probando su eficacia en el combate a la pobreza y para ello, para medir los resultados, es indispensable contar con las informaciones precisas que nos permitan evaluar avances y planificar de mejor manera para que en el futuro sean mucho más efectivos.