La Constitución contempla diversos mecanismos para limitar las garantías constitucionales conforme al criterio que adopte el Ejecutivo, el cual puede depender de la gravedad de la situación, decretar cinco estados: el de prevención, de alarma, de calamidad pública, de sitio, y de guerra, los cuales pueden abarcar todo, o parte del territorio nacional.
El Presidente de la República, sorpresivamente, el domingo pasado, estableció el estado de sitio, el penúltimo de la escala, para el departamento de Alta Verapaz, con el objeto fundamental, según se indica, de combatir al narcotráfico y recuperar ese territorio que prácticamente se encontraba en manos del crimen organizado.
Esta decisión, para algunos es negativa y para otros positiva. En lo personal me sorprendió que fuera tomada esa decisión en vísperas de Navidad, cuando tanto los malos como los buenos buscan estar en una reunión familiar y en el caso de los primeros, en un lugar seguro, por lo que los meros cabezones estarán desde antes a buen resguardo.
No obstante, prefiero no prejuzgar y esperar los resultados que son los que en verdad cuentan. Algunas instituciones de derechos humanos han protestado, porque asumen que ello permitirá que las fuerzas de seguridad cometan abusos. En parte tienen razón, pero para quienes vivimos muy de cerca la época de la guerra interna, con o sin estado de sitio, las autoridades cometían crímenes y cuanta tropelía quisieran. Es decir, estas medidas de excepción les valía madre.
No obstante aunque aún tenemos sicarios uniformados, las autoridades respectivas son las que deben asumir el control y la responsabilidad de que a la ciudadanía honrada nada le ocurra y que, por el contrario, a los delincuentes que asolan Alta Verapaz les caiga todo el peso de la ley y si se dan enfrentamientos, pues deben actuar también con la represión necesaria para enfrentar a estos criminales.
Los artículos 138 y 139 de la Constitución nos hablan claramente de la limitación de los derechos constitucionales en casos concretos, lo cual se complementa con la Ley de Orden Público, y si esos instrumentos están como parte del Estado de Derecho deben ser utilizados en casos excepcionales, como está ocurriendo, no sólo en Alta Verapaz, sino en todo el país, con el dominio de grupos de mareros, hasta los delincuentes de cuello blanco dentro de los que se encuentran los grandes capos nacionales del narcotráfico que incluso son públicamente conocidos y que «extrañamente» no son capturados, como los Lorenzana, los Mendoza, Overdick y otros más que se han convertido en «hombres invisibles».
Creo que el Presidente hizo lo correcto pero, eso sí, debe estar atento a delegar la responsabilidad de que no se cometan abusos y arbitrariedades en sus subalternos, el Ministro de la Defensa y el de Gobernación.
Lo importante serán los resultados que se obtengan y afortunadamente, como he observado por las notas de prensa, la gente honrada de Alta Verapaz en su mayoría, ve bien la medida, aunque, por supuesto, existe el resquemor de los abusos que no deben producirse bajo ninguna circunstancia y tratar de ser lo más cautelosos posibles para que no se repita el bochorno de Tikal Futura, en donde se puso en riesgo la vida de muchas personas por una acción mal ejecutada.
El ex fiscal contra el crimen organizado de Colombia comentó en una conferencia a la que asistí hace algunos años, que la capacidad de infiltración que poseen estos estratos criminales y delincuenciales es tal, que en su país, en ese entonces, se había descubierto y desmantelado en dos años, 37 supuestas «organizaciones no gubernamentales y grupos civiles» que estaban al servicio del narcotráfico, especialmente para lavado de dinero, por lo que en Guatemala hay que estar ojo al cristo por cuanto que son varios los casos ya descubiertos sobre supuestas ONG que se han enriquecido con fondos estatales y que podrían ser fachada del mismo narcotráfico.
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No creo que los altaverapacenses pasen mal esta Navidad por esta decisión del estado de sitio. Sin embargo, quienes indudablemente pasarán una negra Navidad, serán nuestros compatriotas migrantes de los Estados Unidos, cuyas posibilidades de mejorar en algunos aspectos migratorios se desvanecen, por el rechazo al «Dream Act», al TPS y la masiva deportación de connacionales, provocará que tanto ellos, como sus familiares aquí, prueben un amargo tamal navideño. Para todos va mi solidaridad fraterna y los exhorto a que mantengan el ánimo y la fortaleza que tienen muchos chapines y a este gobierno, especialmente a la cancillería, la exhorto a que en lugar de trabajar en «turistear», trabajen por nuestros paisanos que cada vez están más fregados, gracias al Tío Sam y su presidente Obama, que nos defraudó a muchos.
QUí‰ BARBARIDAD. Si no lo hubiera visto y oído de labios del Superintendente de la SAT no lo hubiera creído. El monopolio del cemento de Guatemala, propiedad de una de las multimillonarias familias del país, paga UN QUETZAL CON CINCUENTA CENTAVOS DE IMPUESTO POR CADA QUINTAL DE CEMENTO, IMPUESTO QUE SE MANTIENE DESDE CUANDO ESE QUINTAL VALíA DIEZ QUETZALES, EN TANTO AHORA VALE SETENTA, ES DECIR UN SEISCIENTOS POR CIENTO MíS, Y EL IMPUESTO NO VARíA. Pero eso sí, hay que «trabar» al pequeño y mediano contribuyente en lugar de subirle el impuesto al cemento, al tabaco, a la misma telefonía, y otros, sin trasladar al consumidor el costo de bienes y servicios esenciales… Jodan a los grandes, no a los chicos. ¿Y la responsabilidad social empresarial qué?… Puras pajas.