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El experto aborda, en la presente entrevista, la urgencia de que los polí­ticos manifiesten voluntad de «tomar al toro por los cuernos» y entrarle de lleno a una verdadera reforma electoral.

Pregunta: ¿Cuál es su opinión sobre los mecanismos legales para el control del financiamiento electoral en Guatemala?

Respuesta: A través de las reformas electorales de 2004 y del reglamento, se dio un cambio sustancial respecto a la situación que prevalecí­a; se tomaron medidas orientadas a ir construyendo un dispositivo que permita brindar certeza en cuanto al control, la rendición de cuentas y la transparencia sobre el origen, manejo y destino de los fondos públicos y privados que se utilizan para financiar las campañas y organizaciones polí­ticas, no es fácil tomar ese tipo de decisiones, Guatemala estarí­a enviando un buen mensaje en cuanto a contribuir a una cultura de rendición de cuentas y de transparencia. Evidentemente la primera experiencia ha sido útil, ahora se determinará cuáles son los aspectos que necesitan modificarse y fortalecerse.

P. El proceso electoral evidenció debilidades en cuanto al control del financiamiento electoral, ¿qué ha propuesto usted?

R. Un punto evidente es la carencia de un régimen de sanciones. Se le dio a la autoridad electoral la atribución de controlar y fiscalizar, pero no se le dieron las herramientas para asegurar el efectivo cumplimiento de la norma. Lo que no deja de ser importante de subrayar es que a pesar de que no existí­a un régimen de sanciones, hubo tal exigencia que algunas fuerzas polí­ticas cumplieron con el proceso de rendición de cuentas, desde luego tiene que determinarse con precisión la información que fue proporcionada. En principio se ha dado un paso positivo, se han aprendido algunas lecciones y se ha estado trabajando de manera conjunta.

P. ¿En qué consisten las nuevas reformas?

R. Se diseñó una agenda, hay una serie de puntos especí­ficos en algunos de los cuales han solicitado acompañamiento de representantes de otras instituciones, de otros paí­ses que puedan dar la perspectiva comparada, abrir el rango de opciones. Guatemala tendrá que diseñar, desarrollar y fortalecer un régimen acorde a sus necesidades, exigencias y expectativas, pero siempre es útil que se identifique cuáles son las opciones disponibles, cuáles son algunos ejemplos exitosos de legislación ó prácticas que no han cumplido con las expectativas que se tení­an.

P. Según su experiencia, ¿hacia donde deberí­amos ir los guatemaltecos?

R. En el 2004 se tomaron algunas disposiciones importantes en cuanto a los orí­genes, montos, controles y destino de los fondos, ahora se verá si esos mecanismos de control y rendición de cuentas son suficientes, si hay que reforzarlos, se tienen varias opciones.

Hay dos temas que conviene diferenciar claramente: las faltas y sanciones administrativas y los delitos electorales. A propósito del quebranto de normas sobre rendición de cuentas, los partidos están obligados a entregar informes de campaña, informes patrimoniales y acreditar a su contador pero ante el incumplimiento de ese tipo de disposiciones, lo primero que corresponde es decidir cuáles serí­an las sanciones. En lo relativo a los delitos electorales, que no sólo se prefiguran a partir del financiamiento y fiscalización tendrí­a que discutirse cuáles serí­an y quién serí­a el órgano responsable de sancionar. En México, por ejemplo, existe una fiscalí­a especializada, esa materia penal, no suele estar dentro del ente contralor electoral.

P. Las reformas establecieron los instrumentos pero no sanciones ¿qué ha recomendado?

R. Es muy complejo el control del financiamiento, la fiscalización, prácticamente no hay paí­s en América Latina que no esté enfrentando el reto de revisar o empezar a regular el tema. La tendencia indica que cada vez hay más exigencia, expectativa, imperativo social, técnico, legal por transparentar el origen, manejo y destino de los recursos que están a disposición de los partidos y de los candidatos; hay un menú de opciones, en cada paí­s y en cada contexto se define cuál es su prioridad, qué problemas quiere enfrentar e incluso los que va a prever, en esa medida se van diseñando los mecanismos. Lo importante es que exista la voluntad de tomar el toro por los cuernos; es decir, de enfrentar los retos que se plantean.

P. ¿Cree que exista esa voluntad?

R. El simple hecho que se haya conformado un grupo de trabajo, que el legislador y los magistrados estén trabajando juntos, plantea un panorama alentador, ojalá que esto vaya creando las condiciones para que se llegue a buen puerto. Guatemala tiene una legislación que obliga a ir introduciendo ajustes.

P. ¿El financiamiento electoral deber ser en su mayorí­a estatal o privado?

R. Yo preguntarí­a ¿cuál es la experiencia que se ha tenido?, hay que evaluar los antecedentes, el contexto y la capacidad de las arcas públicas. El subsidio estatal cumple funciones importantes desde garantizar un mí­nimo de equidad entre los contendientes, evitar la tentación de ir a fuentes de financiamiento no permitidas por la ley, hasta fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas. Si se destina parte de los impuestos para financiar a la polí­tica, a los partidos y a las campañas, se debe rendir cuentas de forma transparente. El financiamiento estatal crea un mecanismo fuerte para fortalecer a los partidos y abre la puerta para fiscalizarlos.

Uno tiene claro que en Guatemala y en otras sociedades hay problemas de confianza en varias instituciones polí­ticas, aún así­, con las crí­ticas legí­timas y fundadas que se le puedan hacer a los partidos polí­ticos, éstos siguen siendo un elemento clave y fundamental del proceso democrático, no hay otros actores y otras instancias que estén en mejores condiciones para cumplir con el papel de los partidos polí­ticos, hay que ir encontrando esas fórmulas y me parece que el control y la rendición de cuentas puede ir ayudando a que se revierta esa percepción que está muy extendida.

P. ¿Qué pueden hacer los polí­ticos para eliminar esa percepción?

R. Ir atajando esas percepciones de corrupción, de impunidad, ellos deben trabajar a favor de la transparencia, del control y rendición de cuentas y cuando exista presunción de irregularidades y se documenten, aplicar sanciones que evidentemente contribuyan a inhibir ese tipo de situaciones.