Una estela de muerte y violencia deja el narcotráfico en los departamentos fronterizos del oriente y el altiplano, en donde los movimientos de los capos de la droga pasan inadvertidos en buena medida por las fuerzas de seguridad.
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El Informe Anual 2009, presentado por la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), sobre la situación de los derechos humanos en el país, manifiesta su preocupación por la inseguridad y el fortalecimiento de las diversas redes del crimen organizado y el narcotráfico, que cobran cientos de vidas.
Según el análisis, algunos de los departamentos más afectados por el flagelo son Quetzaltenango con 492 homicidios; Chiquimula, 428; Jutiapa, 381; Petén, 374; Jalapa, 358 y Escuintla, 354, entre otros.
El documento destaca que en menos de diez años se duplicó la tasa de violencia en todo el país y se estiman 49 muertes por cada 100 mil habitantes a nivel nacional.
De acuerdo con la División de Análisis e Información Antinarcótica (DAIA), las investigaciones realizadas dan cuenta que los altos índices de violencia reflejados en esos lugares responden a la fuerte presencia de miembros del crimen organizado y narcotráfico, quienes buscan ganar territorio.
Un investigador de esa División afirma que varias de las muertes que se suscitan en esos departamentos son causadas por narcotraficantes, que permiten la circulación anómala de armas de fuego.
La fuente dice que el armamento es utilizado principalmente para arrebatar vidas, pero también para custodiar los cargamentos de droga, que podrían ser robados por rivales de carteles opuestos.
DAIA señala que algunas de las medidas emergentes tomadas, son la implementación de una línea antinarcótica y una página Web, donde pueden interponerse denuncias y que, a su criterio, han dado resultados positivos para incrementar el número de incautaciones y de aprehensiones de personas vinculadas con el narcotráfico.