El militar retirado Napoleón Rojas Méndez, quien estaba sindicado por el robo de Q30 millones del Ministerio de la Defensa Nacional, recuperó su libertad esta mañana luego de haber pagado una fianza de Q600 mil impuesta por el Juzgado Quinto de Instancia Penal.

El dinero defraudado es parte de los Q120 millones por los cuales están en prisión el ex presidente Alfonso Portillo, el ex ministro de la Defensa Eduardo Arévalo Lacs y el ex ministro de Finanzas Manuel Maza Castellanos.

Sin embargo, Rojas quedó libre después de pagar la fianza asignada por el juez Mario Najarro del Juzgado Quinto de Instancia Penal.

Al militar se le acusa de participar en el traslado de Q30 millones en efectivo al Crédito Hipotecario Nacional (CHN), en marzo de 2001, delito por el cual estuvo prófugo desde el 25 de junio del año pasado.

Y para su captura la Fiscalí­a Especial de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), realizó una búsqueda extensa luego que se supiera que este abandonaba las viviendas a las 5:30 de la mañana para evitar ser capturado, sin embargo fue detenido en una casa ubicada en Santiago Sacatepéquez, el pasado 30 de junio, pero a partir de hoy recupera su libertad.

¿CAPACIDAD DE PAGO?

Rojas fue absuelto por el Juzgado Quinto, con la condición de hacer efectivo el pago de Q600 mil, sin embargo muchos polí­ticos y fiscales del Ministerio Público, todaví­a se preguntan ¿cómo obtuvo el dinero?

Aunque según fuentes de los tribunales de justicia este tuvo que realizar un préstamo, otros aseguran que es parte de ahorros familiares; este dato no se pudo confirmar con Rojas, pues no se logró obtener contacto con él luego de recobrar su libertad.

Según el Instituto de Previsión Militar (IMP), un mayor retirado recibe una pensión que oscila entre los 7 y 8 mil quetzales, por lo tanto para lograr cubrir la totalidad de la sanción necesitarí­a 75 sueldos.

Entonces, tardarí­a 6.25 años de ahorro total de su salario. Para calcular la pensión el IPM hace un estimado del promedio recibido en los últimos 60 sueldos y esta cantidad varí­a de acuerdo al tiempo.

Nineth Montenegro, presidenta de la comisión de reformas al sector justicia, señaló como una «burla» este tipo de decisiones, porque la población guatemalteca ve perdidos Q 30 millones de sus impuestos y luego es otorgada una fianza «ridí­cula».

Montenegro también agregó que urge la aprobación de la ley de enriquecimiento ilí­cito porque puede ser un punto de partida para coadyuvar esta situación, porque esta ley exige verificar el estado de cuentas de las personas antes de ser funcionarios y después de retirarse.