En efecto, el caso de Ferroví­as, en el que se tomaron medidas por el gobierno central que pueden tener repercusiones graves si, como auguran algunos conocedores, resultamos siendo condenados a pagar la multimillonaria indemnización que están reclamando los concesionarios, es necesario advertir que en casos así­ los que tomaron las decisiones tienen que asumir alguna responsabilidad porque no puede ser que para beneficiar a unos pocos que le pusieron tardí­amente el ojo al negocio del ferrocarril, se proceda a declarar una lesividad que no pueden sustentar de manera clara y contundente.

El otro caso fue la actitud del gobierno cuando los propietarios de la empresa que se dedicará a la extracción de ní­quel en Izabal hicieron un llamamiento de capital, mismo que al no ser cubierto por el Estado significó una pérdida muy grande porque se redujo la participación y, además, una ganancia extraordinaria para los otros accionistas que se beneficiaron por la respuesta que tuvo el Estado al no suscribir oportunamente ese llamamiento. De acuerdo a nuestro ordenamiento legal es muy difí­cil afirmar que se trata de un tí­pico acto de corrupción porque cuesta encuadrar esa omisión y sus consecuencias en lo que establece el Código Penal, pero indudablemente que hay responsabilidades civiles que tendrí­an que ser oportunamente deducidas porque no puede ser que en un paí­s como el nuestro las pérdidas, como las que significó para el paí­s ese escandaloso caso de los bancos que fueron quebrando, sean asumidas por toda la población aún a sabiendas de que unos pocos sacaron oportuno y muy jugoso beneficio.

Por ello es que vengo repitiendo, por ejemplo, que el Superintendente de Bancos tiene que asumir la parte que le corresponde en el engaño que se causó a los clientes de los bancos que fueron estafados. Lo mismo puede decirse del Procurador General de la Nación que no veló como se lo manda la Ley, por los intereses nacionales en casos como el de la minera del ní­quel o en las gestiones realizadas en el caso de ferroví­as. Y si él recibió instrucciones superiores para actuar lo debiera de expresar ahora porque al final de cuentas sobre él recaerá la responsabilidad el dí­a en que en Guatemala pongamos coto a esa indiferencia de las instituciones frente a hechos perniciosos que causan daño colectivo. El tiempo llegará en que cualquier sinvergí¼enzada, por bien presentada que esté, sea motivo de un proceso y que nuestros fiscales sepan armar los casos para lograr tanto la condena penal como el resarcimiento por la ví­a de la responsabilidad civil en contra de quienes se enriquecen con medidas que afectan a todos los guatemaltecos.