Acostumbrados, como estamos, a que todo el mundo se burle de la justicia y más aún los poderosos, el proceso seguido en Perú contra Alberto Fujimori constituye una especie de aire fresco, de ese que aquí necesitamos a bocanadas, porque devuelve la confianza en las instituciones y nos demuestra que es posible hacer justicia, especialmente en aquellos casos que deben considerarse como de lesa humanidad.
ocmarroq@lahora.com.gt
Fujimori fue condenado por violaciones a los derechos humanos, pero hay que recordar que no puede haber peor violación a los derechos humanos que la que comete el gobernante sinvergí¼enza que se roba el dinero destinado a la salud, la educación y la seguridad de su pueblo. Fujimori fue encontrado culpable de haber ordenado la muerte de personas inocentes que nunca fueron juzgadas, pero acaso su crimen mayor sea el que cometió con el peculado que lo enriqueció a manos llenas mientras su pueblo se moría de hambre, mientras su pueblo sufría por falta de seguridad porque el aparato estatal destinado a proveerla carecía de recursos y los pocos que tenía estaban al servicio del crimen organizado que dirigía su socio Montesinos.
Atenidos a la experiencia histórica tendríamos que resignarnos a no esperar nunca un acto de justicia como ese en Guatemala, pero debemos entender que la historia no tiene por qué repetirse y que el desafío de los pueblos es escribir su nueva historia a base de entereza y valor. En Perú, como en Guatemala, la esquiva justicia ha sido fuente de impunidad y los peruanos también tenían razones fundadas para suponer que no llegaría la justicia ni en los casos de violación al derecho a la vida de víctimas con nombre y apellido, ni en los de idéntica violación contra personas anónimas reconocidas apenas como parte de la estadística de miseria.
Y vivir este aire fresco de justicia justo en el período de remanso espiritual más largo del año es alentador porque nos puede y debe servir como aliciente para que mantengamos nuestra sed y clamor por la justicia en Guatemala, evidentemente con énfasis en los casos paradigmáticos que ya se investigan a fondo, pero también con interés en otros que la sociedad ha encubierto y los medios apañado.
Si en el tema de la violencia es urgente la aplicación de la justicia para sentar precedentes ejemplares que desestimulen el crimen, cuánto más lo es en casos de corrupción que, repito, son crímenes de lesa humanidad en países tan pobres como el nuestro y en donde cada centavo que se roba un funcionario es un recurso valioso que pudo servir para salvar alguna vida, para promover más dignidad a alguien, para delinear políticas de seguridad que impidan tanta muerte.
¿Llegará el día en que los guatemaltecos podamos sentir que se ha servido adecuadamente la justicia contra quienes actuaron convencidos de que la impunidad les salvaría del castigo? Obviamente no es tarea fácil y hay demasiados contratiempos en el camino, pero al menos se trata de una ruta que el país ha empezado a recorrer ya no con el ánimo de cazar brujas o de cobrar facturas políticas, sino que en verdad buscando la justicia para emprender la implementación de un real estado de derecho. Mantengamos el clamor por la justicia como parte esencial de nuestras vidas.