Siguiendo las enseñanzas de mi abuelo materno porque los columnistas no debiéramos meternos con los militares ni con los curas, si no queremos salir trasquilados, aclaro que en este comentario no lo hago, que tan sólo abogo por poner las cosas en su justo momento y lugar. La Constitución es clara: El Ejército de Guatemala, es una institución destinada a mantener la independencia, la soberanía y el honor de Guatemala, la integridad del territorio, la paz y la seguridad interior y exterior. Es único e indivisible, esencialmente profesional, apolítico, obediente y no deliberante. Está integrado por fuerzas de tierra, aire y mar. Su organización es jerárquica y se basa en los principios de disciplina y obediencia. Ponerse a dar condecoraciones de complacencia al Congreso de la República o a sus integrantes so pretexto de haber aprobado incluir dentro del presupuesto de la institución armada Q 150 millones más, es inmiscuir al Ejército en asuntos políticos, lo que está mal, sienta precedentes y seguramente traerá consecuencias que lamentar.
El Congreso y sus diputados tienen gorda obligación de aprobar, modificar o improbar el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado ¿Entonces, a qué viene estarles reconociendo méritos o decretar honores públicos por servicios prestados a la nación por algo que está dentro de sus responsabilidades cumplir?, ¿no son más que suficientemente gruesas sus remuneraciones, viáticos, gastos y demás graciosas concesiones que sin merecerlo puntualmente perciben?
Es tal el nivel de politiquería a la que hemos llegado en Guatemala que sin sonrojarse los servidores públicos y hasta sus familiares se han dado a la tarea de auto recetarse homenajes, reconocimientos, diplomas y condecoraciones en constantes actos públicos en donde cayendo en los más asquerosos servilismos, nunca faltan aquellos que haciendo panegíricos discursos les otorgan méritos que solo en su brumosa mente se conciben. ¿Es que tan rápido olvidamos aquellos repugnantes eventos históricos en que el besamanos era el hábito de un pueblo sometido al capricho de sus gobernantes y colaboradores?
La institución armada debe darse a respetar, si quiere que se le respete y esta norma de conducta no puede ser realidad si continúa plegándose a las órdenes o disposiciones que conllevan actos de índole política. Para eso se dejó consignado en la Constitución un capítulo aparte dedicado a esa institución, estableciendo claramente que se rige por lo que preceptúa la Carta Magna, su Ley Constitutiva y demás leyes y reglamentos militares, los que aunque preceptúen condecoraciones o reconocimientos, deben estar completamente alejados de los vaivenes político partidistas y mucho más de la politiquería, la que tristemente sigue predominando en las esferas gubernamentales y de otra índole. ¿Cuándo será el día que se deje de juguetear con los preceptos constitucionales?