Todos los informes sobre desnutrición en Guatemala apuntan que la niñez rural e indígena es el grupo más afectado por el hambre y también el más vulnerable a morir por la falta de alimentos.

En el submundo urbano y rural difícilmente podemos notar esta silenciosa y lenta matanza, que en esta ocasión me atrevo a comparar con el genocidio, porque encuentro particularidades que la convierten en un crimen a la altura de los de lesa humanidad.

Así como el genocidio, que se refiere a los actos perpetrados con “la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso”, la desnutrición también se focaliza en un grupo muy amplio, pero definido.

Podríamos afirmar que no hay evidencias de un plan para destruir a uno o varios sectores con la escasez de alimentos. La desnutrición afecta a ladinos, garífunas, xincas e indígenas, pero hay evidencias de que este último grupo es el más afectado.

No ver este problema es cuestión de ignorancia, indiferencia o egoísmo, porque ya varias instancias han alarmado al mundo sobre esta situación. Para 2011, Unicef advertía que “la mitad de los niños y niñas de entre 0 y 5 años de edad, alrededor de un millón trescientos mil seres humanos, padecen desnutrición”.

¿Y qué se ha hecho para detener el surgimiento de más casos?

En 2013 los programas sociales contra el hambre registran un nivel exageradamente bajo de ejecución, mientras los casos de muertes por hambre y otras causas asociadas al hambre empiezan a salir a luz pública.

Es por eso que esta situación cíclica tiene una segunda similitud con el genocidio. A criterio de expertos en derecho internacional -Patricia Sellers, Stephen Rapp- deben individualizarse a los responsables de crímenes de lesa humanidad, llevarles ante la justicia y sentenciarles, para garantizar que los sucesos no vuelvan a ocurrir o que las omisiones no se toleren de nuevo.

Claro que hay un sistema de desigualdad y pobreza detrás de la desnutrición en Guatemala y no es producto de la generación espontánea o de la casualidad, pero hay hombres y mujeres que por acción u omisión tienen responsabilidad en las muertes por hambre que son prevenibles si se atienden a tiempo.

Los funcionarios que no cumplen con la misión de atender a las mujeres en estado de gestación y garantizar el desarrollo de los niños en los primeros mil días de nacidos tendrán que pagar tarde o temprano por sus crímenes

Y que no traten de engañarnos. El Secretario de Seguridad Alimentaria y Nutricional Luis Monterroso y la vicepresidenta Roxana Baldetti destacaron en  algunos medios de comunicación “salvando” a un solo niño desnutrido, pero la verdadera noticia son los miles de menores desatendidos, a los que nadie salva y mueren lentamente en sus casas, y de los que vamos a ignorar sus nombres porque nadie nunca les recordará.

Entender el problema arroja la clara y contundente conclusión de que el problema del hambre, aunque se concentra en un grupo, compromete a todo el al país, pues significa una condena de rezago y exclusión para las víctimas, de la misma manera que el genocidio marca para siempre a las naciones.

Los esfuerzos individuales de los ciudadanos no son de mucha utilidad y menos los basados en un emotivo marketing, ya que combatir la desnutrición infantil es más que llevar comida a la boca de los niños.

Sin embargo, podemos mantener vigilados a los políticos y trazar una línea de tolerancia, para no dejar sin una condena política y judicial a quienes por acción u omisión, son los responsables de las muertes por hambre.

Como a los genocidas, los políticos también tienen que ser castigados con todo el peso de la ley.