El presidente paquistaní Pervez Musharraf se dispone a contraatacar tras el anuncio ayer por parte de la coalición gubernamental de un procedimiento de destitución en su contra, advirtieron hoy sus partidarios.
La perspectiva de una destitución del presidente, una decisión sin precedentes en la historia de Pakistán, llevaría a ese país, potencia nuclear, a una crisis abierta, advierten esas fuentes.
Los artesanos de la coalición gubernamental formada en marzo, el viudo de Benazir Bhutto, Asif Ali Zardari, y el ex primer ministro Nawaz Sharif, anunciaron ayer la apertura de ese proceso de destitución contra Musharraf, instalado en el poder desde el golpe de Estado que dio en 1999 y su polémica reelección en octubre de 2007.
«Nos vamos a oponer. Es una tentativa que no se justifica y que constituye sin ninguna duda la mejor manera de encaminarse a un catástrofe», replicó Tariq Azim, ex ministro de Información de Musharraf y responsable de la Liga Musulmana de Pakistán-Q (PML-Q), cercana al jefe de Estado.
«Todo esto desestabilizará al país», advirtió.
Musharraf, que anuló su presencia en la apertura de los Juegos Olímpicos de Pekín, «está estudiando sus opciones», indicó un responsable de la presidencia.
«Responderá a las alegaciones del gobierno y se defenderá por si solo», añadió.
Constitucionalmente, el presidente tiene derecho a «disolver» la asamblea nacional, e incluso de «declarar el estado de urgencia», advirtió ayer ese responsable.
Ese eventualidad no es contemplada por Zardari y Sharif.
«Puede revocar el gobierno, suspenderlo o abandonar el poder, pero esta última solución es poco probable. Lo hará únicamente si se da cuenta de que el verdadero poder no lo apoya», explicó un consejero presidencial en alusión al ejército, el verdadero poder en Pakistán.
El ex general Musharraf abandonó su cargo de jefe del Estado mayor en noviembre de 2007, e inclusó se quitó los galones. Su sucesor, el general Ashfaq Kayani, ha mostrado públicamente su lealtad.
Kayani y su Estado mayor estaban reunidos hoy, aunque solamente para estudiar temas militares, aseguraron responsables.
Por otra parte, ese general ya ha mostrado su reticencia a que los militares intervengan en el campo político en un país que vivió la mitad de sus 61 años de existencia bajo el control de los militares.
«El ejército no querrá tomar parte en el juego político», aseguró el politólogo Shafqat Mahmud.
En cuanto a la disolución de la Asamblea Nacional elegida en febrero y dominada por los partidos de la ex oposición, esa medida sería muy impopular. Sería una decisión «dañina para la democracia y la economía», admitió el ex ministro Azim.
Concretamente, un acta de acusación contra el jefe de Estado debe ser emitida y luego sometida a votación en el parlamento. El presidente de la Asamblea Nacional, la cámara baja, le pedirá luego que se defienda.