El presidente de Pakistán, Pervez Musharraf, fue investido hoy para un segundo mandato de cinco años, completando así­ su transición de lí­der militar a civil, en una ceremonia retransmitida, en directo, por la televisión estatal.

Musharraf juró su cargo en el palacio presidencial de Aiwan-e-Sadr, un dí­a después de abandonar su puesto de jefe de las Fuerzas Armadas, tal y como reclamaba la comunidad internacional.

Esta elección fue ampliamente criticada antes de ser validada, hace una semana, por una Corte Suprema reestructurada a su favor inmediatamente después de la instauración del estado de Excepción el 3 de noviembre pasado.

Pero la oposición y la comunidad internacional ejercen todaví­a intensas presiones para que Musharraf levante esta ley de excepción antes de las elecciones legislativas y provinciales previstas para el 8 de enero.

Sin embargo, Musharraf ni siquiera mencionó esta posibilidad en su discurso, limitándose a prometer que las elecciones serán el 8 de enero, «llegue el infierno a la tierra o haya diluvio».

Vistiendo una túnica tradicional oscura, Musharraf prometió defender la Constitución y proteger al paí­s durante su mandato.

En un discurso pronunciado tras la ceremonia de investidura, Musharraf pidió a la comunidad internacional que deje a Pakistán hacer las cosas a su manera.

«Queremos democracia, queremos derechos humanos, queremos estabilidad, pero lo haremos a nuestro modo», dijo el presidente.

«Entendemos nuestra sociedad, nuestro entorno, mucho mejor que nadie en Occidente», agregó.

Recordando la amenaza de la oposición de boicotear las elecciones de enero, Musharraf prometió que serán «libres» y «transparentes» y que «ocurra lo que ocurra», se celebrarán en la fecha prevista.

«En verdad, hoy es un dí­a histórico, es una etapa crucial en la transición de Pakistán hacia una democracia verdadera y completa», agregó.

Pero esta «transición hacia la democracia», que promete desde hace tiempo, desde su golpe de Estado del 12 de octubre de 1999, ha comenzado estas semanas por un tortuoso camino.

Fue necesario que Musharraf impusiera el estado de excepción para neutralizar a la Corte Suprema, que amenazaba con invalidar su reelección, destituyendo a los jueces recalcitrantes, lo que provocó reacciones en el mundo y generó dudas sobre su sinceridad.

Al prestar juramento como jefe de Estado civil, cedió al menos a una de las exigencias de la comunidad internacional.

Los 160 millones de habitantes de la República Islámica de Pakistán, la única potencia nuclear del mundo musulmán, iniciará así­, por lo menos en teorí­a, un periodo de democracia «normal», donde las funciones del jefe de Estado y de jefe del Ejército no sean ocupadas por el mismo hombre.

En 2002, el golpe del general Musharraf, jefe del Ejército, fue legalizado por la justicia, mientras que el Parlamento, que habí­a sido recientemente elegido, lo confirmó como presidente después del referendo.

La oposición, muy dividida, amenaza con boicotear las elecciones del 8 de enero, pero sus dos principales lí­deres, los ex Primeros ministros rivales de los años 90, Benazir Bhutto y Nawaz Sharif, que regresaron recientemente de exilio, no logran ponerse de acuerdo por ahora, como lí­deres de los dos partidos más importantes de la oposición.

Sharif llama a un boicot, pero Bhutto considera que ella no quiere dejar «la ví­a libre» al campo de Musharraf.

El jueves, el presidente estadounidense George W. Bush, que de nuevo elogió a su aliado clave en su «guerra contra el terrorismo» por haber renunciado al uniforme, le pidió sin embargo levantar el estado de excepción.

El jefe de Estado paquistaní­ afirmó que lo mantendrá, pues es la única manera de garantizar el buen desarrollo de las elecciones cuando el paí­s sufre una ola de atentados sin precedentes, que ha causado más de 250 muertos en poco más de cuatro meses y donde los combatientes afines a Al Qaida avanzan en el noroeste.