Guatemala tiene una composición étnica plural; sin embargo, a pesar de representar más de la mitad de la población, los pueblos indígenas han sido históricamente excluidos en términos culturales, económicos y políticos. Nunca han superado el 8% de la representación en el Congreso, nunca han accedido a la Presidencia de la República, concentran los mayores niveles de pobreza y prácticamente no tienen acceso a la propiedad de la tierra. Atender esta situación es un requisito indispensable para lograr un país con mayor cohesión social, equidad y justicia. Para que el Estado guatemalteco, sea realmente democrático, debe ser realmente plural. ¿Qué propuestas se pueden implementar? ¿Cuáles son los principales obstáculos para lograr este objetivo? La agenda abarca desde igualdad de sistemas jurídicos y cambios culturales, hasta una reforma de la Constitución.
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En Guatemala conviven 25 culturas diferentes. De ellas, 23 pertenecen a los denominados pueblos indígenas, todos con una raíz maya. La población la conforman, además, los guatemaltecos de origen mestizo y garífuna. El censo poblacional realizado por el Instituto Nacional de Estadística en 2002, da cuenta que el 46.7 por ciento de la población guatemalteca es de origen indígena. Sin embargo, datos de organizaciones sociales, señalan que el índice sobrepasa el 60 por ciento.
Una de las principales expresiones de la discriminación contra los pueblos indígenas puede apreciarse en su situación económica. Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 3 de cada 5 personas pobres, son indígenas y el 39 por ciento de la población indígena se encuentra en situación de extrema pobreza, es decir, vive con menos de dos dólares diarios, unos 16 quetzales.
Pero la discriminación o exclusión no se agotan en el plano económico y social.
Desde la firma de los Acuerdos de Paz, la participación promedio de los pueblos indígenas en el parlamento ha sido del 8 por ciento y nunca un indígena ha ocupado la Presidencia de la República.
Racismo «biológico e ideológico»
Los analistas, juristas y líderes indígenas consultados coincidieron en señalar que a pesar de las declaraciones, Guatemala sigue teniendo una sociedad y un Estado racista y excluyente. El doctor Carlos Guzmán Bí¶ckler, afirmó que la marginación tiene raíces profundas e históricas: «La marginación en un sentido muy amplio, abarca una larga herencia colonial que colocó una dicotomía brutal entre vencedor y vencido, y más tarde entre conquistador y conquistado. Con los pueblos indígenas se usaron una serie de procedimientos inhumanos como la esclavitud y la encomienda, se les sumió en la pobreza, y por consiguiente, se les colocó en una situación de imprevención, al privarlos históricamente del acceso a las riquezas que producía el país y sólo utilizarlos en forma abusiva como mano de obra».
La visión es compartida por la doctora Otilia Lux, actual diputada e integrante del Foro Permanente de Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas, quien agregó que el racismo contra los pueblos indígenas tiene carácter biológico, ya que su cultura es considerada inferior, y también ideológico, porque se busca impedir que en una mayoría poblacional esto se exprese políticamente. «El asunto cae por cuestión ideológica y biológica -afirmó Lux- porque se nos ve como una cultura inferior, y nos ponen algunas etiquetas, como llamarnos despectivamente indios. Nosotros nos autodenominamos pueblo maya, porque tenemos pruebas que somos los herederos de esta cultura».
La exclusión política
El académico Máximo Ba Tiul, señaló que, durante la pasada campaña electoral, los partidos políticos no ofrecieron la construcción de un Estado plural, sino la incorporación de indígenas en algunos espacios de participación: «Las propuestas están en relación con la construcción del proyecto multicultural liberal, que reconoce únicamente un modelo de integración asimilacionista de los pueblos indígenas. La Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y el Partido Patriota (PP), propusieron abrir pequeñas ventanillas que no resuelven las demandas históricas de los pueblos indígenas; nos quedamos en la propuesta del indio permitido».
Para Demetrio Cojtí, el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas no fue prioritario en la construcción de los programas de Gobierno de los partidos políticos. «Algunos temas no son prioritarios o importantes, como la educación bilingí¼e, se limitan a ver los derechos indígenas como individuales y no como colectivos», indicó.
En una de las propuestas más novedosas de la última campaña, el presidente ílvaro Colom aseguró que conformaría un Consejo de Ancianos Indígenas para integrar su equipo de Gobierno. Cojtí señaló que la instancia podría tener un impacto favorable para los pueblos indígenas, «sólo si sus determinaciones son tomadas en cuenta para la implementación de las políticas públicas, y no únicamente para aspectos espirituales». «Es una buena iniciativa pero que tiene sus limitaciones. Puede dar asesoría al Gobierno en determinados temas, pero en otros, habría que acudir a profesionales indígenas y no a guías espirituales», advirtió.
Para analistas e integrantes de organizaciones indígenas, el aspecto central a resolver, en el terreno jurídico y democrático, es el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas; como pueblos y no sólo como individuos. Una cuestión clave es el reconocimiento de su sistema de derecho y organización; y su integración armónica con la tradición occidental.
Otto Marroquín, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, señaló que el derecho de los pueblos indígenas se basa en el diálogo y en la participación familiar: «Es un conjunto sistematizado de principios, de un derecho comunitario que aplican los miembros de las comunidades indígenas para resolver sus controversias. Se basa fundamentalmente en el diálogo y en la participación de la familia, al sindicado de una falta, se le pide que presente un acto profundo de arrepentimiento frente a la comunidad».
Para Marroquín, las políticas implementadas en otros países de América Latina, son un buen ejemplo de la compatibilidad que existe entre el sistema legal indígena y el sistema jurídico occidental: «Se han hecho reformas profundas en México, Nicaragua y Ecuador y no ha pasado nada. Se logró armonía entre los tribunales indígenas y los oficiales» explicó.
Amílcar Pop, presidente de la Asociación de Abogados Mayas, afirmó si bien la normativa vigente permite el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, es imprescindible concretar una reforma de la Constitución y del Estado para garantizar la representatividad de toda la población. «El momento actual -sostuvo Pop- puede permitir un desarrollo de estos derechos con lo que hay en la Constitución. En cuanto a la construcción de un Estado plural, es imprescindible la reforma constitucional, y la construcción de un nuevo pacto social, la creación de un nuevo orden constitucional».