El presidente uruguayo José Mujica viajará el jueves a Brasil para intentar reforzar los lazos comerciales con la presidenta Dilma Rousseff y analizar el futuro de las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea, tras la reciente decisión de Argentina de expropiar las acciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) en manos de la española Repsol.
La presidencia confirmó el viaje a Brasilia que había sido postergado a comienzos de mes por problemas climáticos y que se volvió a programar para el jueves cuando Mujica y Rousseff se encontraron en la VI Cumbre de las América el último fin de semana.
Mujica defendió el martes la decisión del gobierno argentino y sostuvo que Argentina tiene derecho a tomar la medida que tomó.
La oposición cuestionó su apoyo a la presidenta argentina Cristina Fernández.
La actitud de Mujica «es un error… porque apoyar al gobierno argentino es abrazar el abismo», dijo el senador Jorge Larrañaga del partido Nacional al Parlamento y consideró que ese respaldo «nos lleva a ponernos en contra de Europa, Estados Unidos y la mayoría de América».
Su colega del partido Colorado Pedro Bordaberry reclamó «poner fin a la sumisión con Argentina. Uruguay hizo un esfuerzo enorme para conservar su buen nombre en 2002 distinguiéndose de Argentina y hoy Mujica lo entrega». Aludía a que el gobierno de 2002 del entonces presidente Jorge Batlle, sumido en la peor crisis financiera y económica que vivió este país, no hizo caso a exigencias para que declarara la cesación de pagos y logró poner en orden la economía.
El gobierno uruguayo intenta con Brasil incrementar las líneas comerciales y resolver algunas trabas que, como a la industria del armado de automóviles, han puesto a los exportadores uruguayos en problemas.
Mujica también viene sufriendo las medidas proteccionistas del gobierno argentino que han merecido reacciones de la Unión de Exportadores y de la Cámara de Industrias que reclaman por los perjuicios en rubros como alimentos y servicios, entre otros que no ingresan al mercado argentino.
El gobierno uruguayo espera que la decisión de expropiar a Repsol no tenga consecuencias en los planes de exploración de la petrolera en yacimientos de hidrocarburos en suelo uruguayo y en la plataforma marítima continental de este país.