No, no repito aquella frase repetida en películas en las que en el momento de mayor peligro, alguien grita así. Hablo de la realidad que viven niños, niñas y mujeres en Guatemala, pero no una realidad hermosa, no un momento en el cual se les resguarda. Hablo de indicadores terribles, violencia, desnutrición, falta de educación, corrupción. Sí. Las y los infantes y las mujeres aparecemos en los listados como seres humanos violentados por el sistema, la cultura, las y los adultos y el Estado.
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Para muestra, basta ver las notas de los medios sobre la venta de niños por Internet, en las cuales Armando Lusquiños integrante de una organización española pro derechos de la niñez rindió declaraciones ante el Ministerio Público sobre la investigación que realizó junto con otras personas en la cual descubrieron una red que vendía niños y niñas guatemaltecos por Internet en US$5 mil dólares.
Lo vergonzoso, pero nada extraño es que las detenidas sindicadas de trata de personas fueron liberadas por la jueza Marta Sierra de Stalling al pagar una fianza de Q6 mil. Si bien es cierto que nadie es culpable hasta que se compruebe lo contrario, es preocupante que personas sindicadas de algo tan delicado salgan libres así no más. Aunque no es de extrañar ya que nuestras leyes, como quienes deben velar por ellas, son pusilánimes. Ahí está parado en el Congreso de la República el anteproyecto de Ley que pretende reformar el Código Penal, para que la trata, el abuso sexual y la pornografía sean considerados delitos y se persigan como se debe. Pero quizá de lo mismo, ya existe una Ley de Adopciones en Guatemala que por lo visto no ha impedido que gente miserable continúe haciendo dinero con actos tan bajos como este.
Por otro lado, el 20 de noviembre, se produjo un nuevo allanamiento a la sede de la red de mujeres Ixiles en Nebaj, Quiché. Un hecho de violencia, que vuelve a vulnerar a las mujeres de uno de los pueblos indígenas más golpeados durante la guerra, e intenta poner freno a la labor que ellas realizan en defensa de la vida, la memoria y de sus derechos. No hace mucho tiempo, el ex alcalde de este municipio se apropió del dinero destinado a esta organización aduciendo que por ser mujeres no tenían capacidad para administrarlo. Afortunada e insólitamente, Juana Bacá como representante de ellas logró que la ley fallara a su favor.
Pero el que ocurra de nuevo algo así, especialmente en el marco de la conmemoración del día de la no violencia contra la mujer, es un claro indicador de la prepotencia y la impunidad que impera en el país. «La violencia es un acto de poder que se reproduce y legitima en las relaciones sociales, y un instrumento del poder que se utiliza para coaccionar, controlar y reprimir a las personas». La violencia recurrente, sistemática y estructural, además de ser utilizada contra las mujeres y la infancia, es el instrumento que permite sostener esa desigualdad.