En 1989 el salario promedio de una mujer equivalía al 87% del de un hombre, en el 2000 la proporción era de 59%. La desigualdad entre hombres y mujeres que trabajan se incrementa considerablemente en relación al nivel de educación que cada uno posea. Además, las mujeres realizan dobles y triples jornadas de trabajo, sin obtener remuneración alguna por su esfuerzo.
Según destacan varios informes nacionales e internacionales, en Guatemala tres son las fuentes principales de trabajo para las mujeres: las maquiladoras, el trabajo doméstico y el agroindustrial. Diversos colectivos han denunciado que es precisamente en estos tres sectores donde se registra la mayoría de abusos y violaciones a los derechos laborales, porque gran número de las empresas no cumplen con la legislación laboral vigente.
Tampoco el Estado hace mayores esfuerzos por hacer cumplir la ley. Por ejemplo, en las maquiladoras se fijan metas para las y los trabajadores que los llevan a estar en sus labores por más de 14 horas seguidas, con 15 o 30 minutos para el almuerzo, una oportunidad para ir al servicio sanitario y sin pago de horas extras.
Algunas organizaciones feministas, que brindan acompañamiento a las mujeres trabajadoras de maquilas, han denunciado que en estos lugares los patronos también cometen acoso y abuso sexual y obligan a las trabajadoras a ingerir sustancias que las mantienen con energía y despiertas.
La situación para las trabajadoras del campo y trabajadoras domésticas es similar, con largas jornadas, un sinfín de abusos por parte de los patronos y un sueldo menor al que reciben los hombres por las mismas labores.
Resulta inconcebible que constituyendo las mujeres más de la mitad de la población económicamente activa se les margine, explote y discrimine. De no darse un avance significativo para la transformación de esta realidad para las trabajadoras guatemaltecas, áreas fundamentales del desarrollo del país corren serio peligro.
Es innegable, que un acceso equitativo a oportunidades y a condiciones laborales, políticas, sociales y culturales es fundamental para garantizar derechos y construir una verdadera democracia. La discriminación y exclusión que sufren la mayoría de mujeres obliga a la promoción de políticas diferenciadas y específicas para cambiar la situación.
Los retos para lograr un cambio de ruta son inmensos y la voluntad política debe encaminarse a fortalecer la institucionalidad laboral, de manera que cumpla con velar y garantizar el respeto de los derechos laborales de la población trabajadora. En este sentido, también se deben encaminar esfuerzos para que las mujeres gocen de un acceso digno a los servicios de salud, educación, vivienda y seguridad, que les permita seguir aportando al desarrollo de sus familias, comunidades y el país.
No es suficiente con hablar del tipo de problemas que las mujeres trabajadoras sufren, tampoco de victimizarlas e ignorar su condición de sujetas de derechos; se trata de garantizar el cumplimiento de la legislación laboral y detener la impunidad en esta materia; así como de reconocer y valorar el enorme aporte que las mujeres dan a este país a través de su trabajo.