Las mujeres indígenas -mayas, garífunas y xincas- constituyen el 29% del total de la población, según un informe presentado en el año 2007 por la Defensoría de la Mujer Indígena. Pese a ello su representación y participación en los espacios y ámbitos de toma de decisión pública es casi nula debido a los efectos de la discriminación y racismo histórico estructural que ha limitado el ejercicio de los derechos individuales y colectivos de las mujeres indígenas.
En la actualidad, de un total de 158 diputaciones, solamente 19 son ocupadas por mujeres, de éstas, únicamente 4 por mujeres indígenas mayas. La misma situación se encuentra en el poder municipal, únicamente una mujer indígena maya es alcaldesa de un total de 332 alcaldías. El Organismo Ejecutivo presenta un panorama similar, únicamente 6 mujeres indígenas son funcionarias públicas a nivel de ministerios y secretarías -la mayoría de estos puestos son en viceministerios o subsecretarías-, sería importante reflexionar sobre este fenómeno ¿racista? que pareciera lanzar el mensaje de que sólo es «permitido» llegar hasta cierto punto del ejercicio del poder público.
En este sentido, son de valorar los esfuerzos realizados por las mujeres indígenas desde hace varias décadas para incursionar en los espacios de toma de decisión, que han implicado el romper paradigmas desde el círculo familiar, comunitario, así como las estructuras de los partidos políticos y de la institucionalidad del Estado, y en cierto grado, el imaginario social. La participación de las mujeres indígenas no es pasiva; todo lo contrario, es de permanente lucha para lograr la visibilidad y el ejercicio de su derecho a la participación. No es cierto que a las mujeres indígenas no les interesa participar y que no hay capacidades técnicas políticas para hacerlo. Los procesos electorales demuestran que los partidos políticos y comités cívicos cuentan con una fuerte participación de mujeres, y en especial de mujeres indígenas, a quienes muchas veces les son asignadas responsabilidades de mano de obra para las acciones proselitistas, impidiéndoles acceder a los primeros puestos para ser electas a cargos públicos.
Los retos son innumerables, tanto para las mujeres indígenas como para el resto de la sociedad y en especial para la dirigencia de los partidos políticos y las autoridades del Estado. Hay que romper en el círculo familiar los estereotipos machistas que consideran equivocadamente que a la mujer le corresponden únicamente las funciones del hogar. Es indispensable avanzar en transformar la concepción de vida hacia la dualidad, complementariedad y la corresponsabilidad entre hombres y mujeres. Otro de los retos a superar es la discriminación y racismo impregnado en la sociedad y en la lógica del Estado; no es casual que los mayores índices de analfabetismo y mortalidad materno-infantil tengan mayor incidencia en las mujeres indígenas.
Las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos no pueden ser pospuestas, hay que impulsar el avance hacia la paridad étnica y de género, lo cual viene a fortalecer el ejercicio del derecho humano a la participación política y el ejercicio de la ciudadanía, base fundamental de la democracia plena.