Organizaciones de Mujeres de diversos municipios de Sololá, exigieron la aplicación de la justicia a favor de las mujeres indígenas, ya que pese a que existe una normativa diversa en esta materia, no se han logrado avances significativos.
A decir de Petronila Ramírez Sosa, de la Organización de Mujeres Moloj, aunque están en vigencia la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar y la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer, no existen adelantos en el acceso de las mujeres a la justicia.
Ramírez dijo que también existe en los municipios la cultura de denunciar, pues las víctimas de agresiones tienen temor a las represalias de sus victimarios, pues la autoridades no les brindan la seguridad y la protección necesaria, lo que ha ocasionado que existe poca credibilidad hacia el sistema de justicia por parte de las mujeres que sufren violencia.
De acuerdo con la lideresa, es necesaria la creación de un programa para que la Policía Nacional Civil (PNC) brinde protección a las víctimas, además de apoyo psicológico.
Por su parte, Dominga Vásquez, delegada regional de la Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI) de Sololá, dijo que las mujeres indígenas afrontan varias dificultades para presentar una denuncia, pues la mayoría de los operadores de justicia en el departamento son hombres y sus resoluciones judiciales son parciales, es decir se inclina siempre a favor de los hombres.
Vásquez comentó que el 90 por ciento de los administradores de justicia son monolingües y hablan únicamente español, mientras que la mayoría de mujeres no lo hablan y muchas de ellas son analfabetas, barreras que dificultan la presentación de sus denuncias.
La representanta de la DEMI destacó que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia deberían de nombrar a operadores bilingües en este departamento, además de promover una equidad de género.
Un estudio presentado por la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) de Santiago Atitlán, Sololá, reveló que para que el sistema de justicia mejore, es necesario implementar programas y políticas concretas, con una visión de género.
Finalmente, el documento advirtió que las principales causas de la falta de aplicación de la justicia a favor de las mujeres están la escasez de políticas públicas de Estado para impulsar el desarrollo integral de las mujeres y la carencia de programas que velen por los derechos de la población femenina.