Este mes se recuerdan dos fechas importantes para la historia de Guatemala. El 8 de marzo, se conmemora el Día Internacional de la Mujer, y hoy se cumple un aniversario de la aprobación, en el Congreso de la República, del Tratado de Libre Comercio con EE.UU., conocido por sus siglas en inglés como DR-CAFTA.
El 8 de marzo de 2005, la marcha nacional del día internacional de la mujer tuvo un cambio ante la coyuntura. Se empezaba a discutir en el legislativo la ratificación del DR-CAFTA, y la manifestación finalizó en el palacio legislativo, y el grupo de manifestantes encabezado por las mujeres fue reprimido por las fuerzas de seguridad. Eso marcó el inicio de una de las jornadas más largas de protestas que ha hecho el movimiento social guatemalteco en la última década.
Tanto la lucha de las mujeres, como la realizada contra un acuerdo comercial impuesto y negociado en desventaja, sirven de parámetro para medir la lentitud de la clase política para avanzar en políticas públicas a favor de sectores a los que dicen representar pero a quienes no sirven realmente.
Es de recordar que ya son casi dos años de la aprobación de la Ley contra el Femicidio. Tuvo que pasar muchas muertes de mujeres para que la ley se aprobara; sin embargo, las organizaciones de mujeres han denunciado que los operadores de justicia no están aplicando esta ley para sancionar a quienes cometen estos delitos.
En materia de institucionalidad, si bien los Acuerdos de Paz dieron cabida a instancias como el Foro Nacional de las Mujeres y la Defensoría de la Mujer Indígena, para abrir el Estado a la participación de distintos sectores de mujeres del país, se tiene poca incidencia en materia de políticas públicas y legislación. Ni siquiera la Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM) tiene la posibilidad de presentar un proyecto de Políticas Públicas.
Por su parte, la clase política que aprobó en el Congreso el DR-CAFTA, se comprometió a aprobar una Ley de Desarrollo Rural, como una de las llamadas «medidas compensatorias», ya que estaban conscientes que el tratado impactaría la pequeña agricultura.
Hoy se cumplen cinco años de aprobado el Acuerdo, y desde entonces no ha sido aprobada ninguna Ley de Desarrollo Rural. Se encuentra en el legislativo, para su discusión, la propuesta de las organizaciones campesinas, pero ya se observan posiciones encontradas, y parece que aquel compromiso se les olvidó.
Por otro lado, el Ministerio de Agricultura y Ganadería -MAGA- se observa como una de las instancias más débiles del Estado, no sólo por todos los cambios de ministro que se han hecho en la presente gestión presidencial, sino porque cada vez cuenta con menor presupuesto. Y todo el aparato público destinado a apoyar la pequeña agricultura fue desmantelado desde los años ochenta, y no se observan avances institucionales para fortalecer a este sector.
Y mientras tanto, el DR-CAFTA, en materia de agricultura y alimentación sólo ha beneficiado dos sectores que cada vez parecen ser más minoritarios: el agroexportador y los importadores de granos básicos. Los primeros que cada vez acaparan más terrenos, como los cañeros y palmeros, y aumentan el precio de arrendamiento de tierra para los pequeños productores. Y los segundos, grupos industriales que importan materia prima libre de arancel, pero no trasladan el beneficio fiscal al consumidor. Y de esa gran promesa que hacían del DR-CAFTA, productos más baratos, no se ha logrado ver nada.
Un país que se abre al libre comercio, mínimamente debería de regirse por una Ley de libre competencia, que regule entre otras cosas los monopolios. El problema es que los operadores políticos que tiene el país responden a intereses muy particulares de algunos sectores, y que tienen muy poca visión de los problemática nacional, y de cómo enfrentarla.
Esto da sustento al planteamiento que nuestra democracia no es aquella que sirva para atender las demandas de la población, sino más bien es aquella que se vende al mejor postor.