Ocho de cada diez mujeres víctimas de violencia desisten del proceso penal contra sus agresores antes que estos sean enviados a juicio por un juez de Primera Instancia, lo que genera impunidad en este tipo de casos.
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Lo anterior debido a que el abandono de la denuncia representa, en la mayoría de los casos, una sentencia absolutoria en un juicio penal para el Ministerio Público.
No obstante, organizaciones de la sociedad civil que fiscalizan este tipo de procedimientos, critican la postura del ente acusador, que debería recabar pruebas científicas, documentales y testimoniales para que los casos no queden en la impunidad.
Según la declaración de varias fiscales, que prefieren el anonimato, las mujeres que son víctimas de violencia accionan en el MP por medio de una denuncia, lo que genera que la fiscalía de la mujer inicie una averiguación de oficio en base a la nueva Ley Contra el Femicidio y otras formas de violencia; no obstante, las mujeres presentan un desistimiento penal del proceso antes del juicio, pero el proceso debe continuar.
«Ocho de cada diez mujeres víctimas de violencia interponen la denuncia, se hacen un examen psicológico y cuando llega el momento procesal para que declaren, presentan un desistimiento a favor de ellos (agresores)», explica una de las fiscales entrevistadas.
Según las litigantes, la mayoría de víctimas argumentan que existe un acuerdo entre su agresor, que en muchos de los casos es su conviviente, no obstante el delito es de acción pública y el hecho debe investigarse, indican.
Para la fiscalía de la mujer del MP, el problema viene cuando los casos llegan a un tribunal, ya que la víctima no declara, lo que «perjudica al momento de pedir una sentencia», indica otra fiscal, quien agrega que esa prueba es «importante» dentro del desarrollo de un debate.
DILIGENCIAS
Hilda Morales, representante de la Red de la No Violencia Contra la Mujer, opina que la mayoría de casos en los que las víctimas desisten del proceso se da por temor a represalias o por el «círculo de la violencia».
«Las mujeres tienen dependencias del esposo o conviviente, pero ellas quieren romperla al momento que tienen el ataque agudo de violencia, sin embargo, después reflexionan sobre qué van a hacer y las secuelas, lo que es aprovechado por los agresores», explica.
La analista consultada enfatizó que es necesario que el MP realice una mayor diligencia en los procesos: «si la fiscalía fuera capaz de recabar las pruebas necesarias como fotos, estudios de Inacif, pruebas científicas, entre otros, podrían sustentar su acusación aun cuando la víctima no esté presente», indicó, y agregó que las declaraciones podrían solicitarse como medios de prueba anticipadas para que sean válidas dentro del juicio.
Morales agregó que en el Estado «se están haciendo esfuerzos» para apoyar a las mujeres víctimas de este tipo de hechos, no obstante, indicó que el problemas es grande y no se logran resultados óptimos en él.
ATENCIí“N
Blanca Sandoval, titular de la fiscalía de la mujer, indicó que el trabajo de la Oficina de Atención a la Víctima del MP se activa cuando las mujeres son agredidas, y se presentan a denunciar los hechos, ya que ese departamento brinda atención integral y documenta el hecho por medio de actas, fotografías del estado físico de las agredidas, informes médico forenses e informes psicológicos que ilustran el daño, detalló.
La funcionaria confirmó que existe un mayor número de mujeres que desisten de los proceso penales durante la fase preparatoria, pero indicó que el MP por medio de esa oficina procura documentar lo mejor posible los casos para que no se debiliten durante el proceso de debate.
La fiscalía de la mujer recibe alrededor de 700 denuncias mensuales y las principales víctimas de esas agresiones son mujeres y niñas.
En el primer semestre de este año fueron acusadas unas 120 personas por violencia contra la mujer. Unas 176 de ellas están detenidas y ligadas a proceso.