Si ellas no pueden afrontar solas el desafí­o de conciliar trabajo y familia, apelan a otra mujer, ya sea su madre, su suegra, sus hermanas, sus hijas mayores, sus vecinas y, cuando pueden pagarlo, a una empleada doméstica. Se levantan antes que nadie en su casa y son las últimas en irse a la cama. Aunque trabajan muchas horas fuera del hogar, se hacen cargo de los niños, de los quehaceres domésticos y muchas veces del cuidado de ancianos y parientes discapacitados, sin remuneración especial, con escasa o nula ayuda de los hombres y generalmente sin asistencia estatal.

Con excepciones, limitadas casi siempre al perí­odo de nacimiento y lactancia cuando la mujer trabaja fuera de casa y tiene cobertura del seguro social, el Estado se desatiende de esta sobrecarga, porque se da por sentado que los cuidados son básicamente privados.

Este hiriente fenómeno ocurre lo mismo en Guatemala que en Bolivia, en México que en Ecuador, de acuerdo con el informe «Trabajo y familia: hacia nuevas formas de conciliación con responsabilidad social» que fue elaborado por investigadoras sociales de la región latinoamericana y caribeña de la Organización Internacional del Trabajo y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo -según reporta Marcela Valente de la agencia noticiosa IPS-, con el fin de poner en agenda uno de los mayores retos actuales para promover la igualdad y combatir la pobreza.

Los datos anotados en lí­neas anteriores no son un descubrimiento en lo que respecta a Guatemala; pero la investigación los ha sistematizado, de manera que entre 1990 y 2008 la participación total femenina en la región pasó del 23 al 53%, y en cuanto a la franja de mujeres entre 20 y 40 años, el porcentaje de las que trabajan fuera del hogar se elevó al 70 %. Sin embargo, no se han registrado rupturas significativas en las concepciones culturales predominantes que consideran que la reproducción social es responsabilidad de las mujeres, y no una necesidad social. Es  un malentendido que tiene un alto costo para ellas.

«Los cuidados no son una responsabilidad de la familia -que los deriva en las mujeres-, sino una responsabilidad del Estado y de la sociedad» precisa Natalia Gherardi, del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, porque «el Estado tiene la obligación legal de arbitrar los medios para posibilitar esas prestaciones»; pero sólo interviene muy marginalmente mediante normas aisladas que no siempre controla, sobre todo en aquellos paí­ses donde aún predomina la polí­tica neoliberal, que ha causado tanto daño no sólo a las mujeres sino a las clases populares en general.

Esta distracción da a entender que el Estado no es neutro sino que tiene género: El Estado es varón, como el Derecho y como todas las estructuras de poder basadas en la organización patriarcal de nuestras sociedades, y de ahí­ que las mujeres destinan hasta cuatro veces más tiempo que los hombres a las tareas hogareñas, cuya sobrecarga es la base de las desventajas y discriminaciones que ellas experimentan en el mercado laboral, subraya el documento.

Hay mucho más que agregar al respecto de este informe, que pone al desnudo la abnegación, la duplicidad de trabajo, el sufrimiento y la desdicha de millones de mujeres de América Latina y el Caribe.

(La hijita de Romualdo Tishudo le pregunta su madre: -Mami, ¿por qué tenés algunos pelos blancos en tu cabeza? -Cada vez que hacés algo malo y me causás tristeza uno de mis cabellos se pone blanco, responde. La chica insiste -¿Y por qué todos los cabellos de mi abuelita están blancos?)