Mujer, ví­ctima más vulnerable


Registros de violencia particularmente contra mujeres a quienes la delincuencia les corta la vida, contrapuesto a una Ley contra el Feminicidio aprobada; y la inhumana práctica de las deportaciones desde Estados Unidos, resaltan en el informe presentado por el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) correspondiente a abril.

Gabriel Herrera
lahora@lahora.com.gt

Anotan con preocupación el triple caso: Nancy Hichos ílvarez, de 18 años de edad; Marí­a Alejandra Girón Trigueros, de 16 y Silvia Marí­a Morales Rodas, de 17 años, tres jóvenes brutalmente asesinadas y luego localizadas en un terreno baldí­o en San Cayetano, Estanzuela, Zacapa, en abril pasado.

También en abril, hacen mención del caso del doble crimen: Carmen del Rosario Aguirre, de 16 años de edad y Yesenia Adaly Pérez Arévalo, de 17 años, asesinadas con arma de fuego y localizadas en un barranco a 200 metros de profundidad en Canalitos, zona 24 de la capital. Ambas residí­an en San Pedro Ayampuc.

El GAM en su análisis «Derecho a la vida y la integridad personal y violencia contra la mujer», describe que en abril se registraron 142 muertes entre niñas y mujeres adultas; los feminicidios forman parte del total de 876 ví­ctimas registradas por muerte violenta en cuatro meses, de ellas 43 pilotos del transporte urbano y extraurbano, fenómeno sin precedentes.

Apuntan que las zonas más violentas en la capital son: 18, 12, 6, 7 y 3, consideradas áreas rojas con mí­nima presencia policí­aca durante este gobierno, a pesar del anuncio que serí­an vigiladas. Los recorridos fueron notorios únicamente en las zonas 1 y 2.

En su monitoreo, el GAM indica que el número de deportados va en aumento; en abril el reporte fue de 1 mil 740, de ellos siete mujeres y tres menores de edad, el resto son hombres. La cifra podrí­a aumentar en 2008, este año los deportados de Estados Unidos son 5 mil 309, pero el peligro es la proyección que podrí­a rebasar las 7 mil deportaciones.

También analizan con preocupación, el tema del galopante aumento del precio del petróleo y sus derivados con consecuencias económicas para la familia guatemalteca principalmente para la mayorí­a que vive en la pobreza y extrema pobreza repartida en los 332 municipios del paí­s.