Históricamente el transporte público en Guatemala ha sido peligroso por la falta de preparación de los conductores, el mal estado de las unidades y la ausencia de una adecuada red vial. Por causa de estúpidos percances de tránsito mueren al año miles de personas en nuestras calles y carreteras que pueden considerarse, por razones puramente viales, de las más peligrosas del mundo.

Pero a ello se ha sumado, desde hace algunos años, el problema de la violencia causada por los asaltos a las unidades de transporte y por el ataque de quienes reclaman el pago de una extorsión. Entre una y otra causa, las muertes se acumulan y en menos de una semana tres mujeres murieron durante algún asalto; una porque saltó del bus tratando de salvar la vida, y otras dos que recibieron disparos por la espalda porque iban cerca del piloto en el momento de un ataque.

Como si el mal servicio y el hacinamiento no fueran calvario suficiente, como si el riesgo que significa viajar en buses que conducen personas abusivas y sin capacitación, jugando literalmente con la vida de los pasajeros, la ineficiencia del sistema de seguridad para evitar asaltos y extorsiones coloca a los usuarios en un mayor peligro que es cotidiano y que hace que cada viaje sea una especie de ruleta.

En buena medida todo se resume en que tenemos un sistema de transporte anacrónico, ineficiente y corrupto que se beneficia con un elevado subsidio que únicamente sirve para engordar la billetera de quienes dicen, sin necesidad de comprobarlo, que son dueños de buses que prestan servicio público.

Ese dinero que el Estado mete al costal sin fondo de las empresas de transporte, debió invertirse a lo largo de muchas décadas para financiar un sistema público de transporte eficiente y seguro. En la mayoría de grandes ciudades del mundo hay una autoridad gubernamental que se encarga de la prestación del servicio porque se trata de un punto neurálgico para la vida en comunidad. En Guatemala, en cambio, el transporte es apenas una de las tantas caras de la corrupción.

Corrupción que, como la que existe en Salud Pública, se traduce en pérdida de vidas humanas y en daños irreparables para la población. Corrupción que forma parte del tráfico de influencias que se genera en las campañas políticas y obliga a pagos de favores en contra del bien común, de los intereses ciudadanos. Por ello es que las muertes en el transporte tienen que pesar sobre las espaldas de nuestros funcionarios por sinvergüenzas e incapaces.

Y lo peor es que no hay remedio a la vista.

Minutero:
En Brasil los inconformes
protestan contra la corrupción;
en cambio en otra nación;
todos vivimos conformes.