Año tras año, el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos del Estado encuentra distinto escenario en el seno de la comisión de Finanzas y Moneda, dependiendo del partido político que esté en el poder.
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Mientras tanto, no hay una propuesta seria y universal para sacar adelante al país. Cada diputado, cada partido político, cada asociación, grupo de presión y hasta la ignorancia del ciudadano común logran ser arrastrados a repetir únicamente lo que genera la opinión pública.
Nadie quiere pagar impuestos necesarios de acuerdo a la realidad social que atraviesa el país y luego los 365 días exigir buena ejecución y transparencia.
Los grupos de mayor impacto salen al paso a las propuestas, sean o no de reforma fiscal, presagiando el mal inminente sin antes estudiarlas.
Mientras al Congreso de la República, llega durante todo el año aquel eco de la evasión fiscal, la corrupción, los malos manejos de la cosa pública, el contrabando que casi nadie quiere atacar y los temas sólo son utilizados políticamente.
Esta vez, por ejemplo, las actividades de las ONG están siendo criticadas, cuando fue un mismo miembro del partido oficial quien condujo la Comisión de Finanzas y aprobó con ellas el presupuesto 2009.
Hoy es el mismo parlamentario, ex presidente de la sala de Finanzas y su grupo, quien pide el no funcionamiento de muchas ONG.
Roberto Villate Villatoro, durante una de las últimas sesiones para aprobación en tercera lectura del Presupuesto 2010, dijo: «No queremos ONG ejecutando, queremos ONG como los bomberos y Fundabiem recibiendo algún beneficio».
Asimismo, la mayoría de parlamentarios se remite al mismo cuento de querer controlar desde el Congreso de la República la ejecución de las transferencias que de los ministerios se hagan durante todo el 2010.
Otro caballito de batalla en oposición al presupuesto se ha convertido contra Cohesión Social y la negativa de querer apoyarlo, aunque la mayoría de población vive en la pobreza y va en aumento a ser más crítica esa situación.
Los diputados tienen las herramientas suficientes en cada distrito electoral para denunciar si hay anomalías en ese proyecto social que promueve el actual gobierno, pero callan la mayor parte del tiempo y solo cuando les conviene contraatacan.
Jaime Martínez Lohayza, jefe del grupo legislativo Gana aliado de la UNE en el pleno, asegura que ellos fiscalizan todo el año y da como muestra que todo 2009 fue el tema de los gobernadores y que gracias a esa actividad se logró destituir a cuatro.
Además, enmiendan el nuevo presupuesto si pasa el tema de los ex PAC e inyectar suficiente dinero para salvar los lagos de Guatemala, cuando hay ejemplos claros que los patrulleros civiles solo le sirvieron políticamente a la Gana los cuatro años de gobierno.
Durante los últimos ocho años, también se ha escuchado de la voz de los políticos en campaña preelectoral, «Agenda Nacional Compartida» y esta última vez «Plan Visión de País», que hasta con comisión de trabajo cuenta en el Congreso pero sin resultados para proponer un mejor y real presupuesto para el país.
Aníbal García
Independiente
Roberto Villate
LIDER
Mario Taracena
UNE
Según el diputado Aníbal García, parte de la trama que influye en la discusión del presupuesto estatal, es haber mezclado ofrecimientos de la ley de Desarrollo Rural Integral y de la mano la Alianza Público Privado.
«Una oferta insultante del diputado Mario Taracena que nos ha ofrecido cierta cantidad en obras cuando muchos no lo hemos pedido y entendemos que nuestra labor legislativa no es para gestionar ese tipo de situaciones», puntualiza García.
Al preguntar a los diputados por qué no tributar lo suficiente para cumplir con las metas sociales, apuntalar el desarrollo integral y el tema de los campesinos, hasta hoy han sido parcos, se limitan a decir que únicamente la fiscalización debe pasar por Cohesión Social, pero no aportan otras soluciones
El líder de la oposición, Otto Pérez Molina, manifestó en una conferencia de prensa que es urgente redefinir la imposición tributaria que el Gobierno propone. Sugiere institucionalizar el Pacto Fiscal.
Integrar la Comisión Nacional de Institucionalización del Pacto Fiscal., con dos representantes del Congreso de la República, electos por el pleno; dos delegados del Organismo Ejecutivo nombrados por el Presidente de la República;
Dos delegados por las organizaciones sociales; dos delegados del sector empresarial; dos representantes del sector indígena y campesino; dos representantes de los trabajadores organizados; dos delegados de las universidades del país; dos representantes del Foro Permanente de Partidos Políticos.
Esta comisión se encargaría de dictar las bases para institucionalizar el pacto fiscal, diseñarlo para establecer las bases de una reforma tributaria integral de largo plazo y combatir así el contrabando y crear la iniciativa de ley para control y sanción de la evasión y elusión tributaria.