El Congreso de la República aprueba, periódicamente, una serie de leyes, pero muy pocas se han aplicado.

El paquete de seguridad fue uno de los más clamados por la sociedad civil, pero la normativa que rige al Sistema Penitenciario aún no se refleja en las cárceles. De igual forma sucede con la Dirección General de Inteligencia Civil, Digici, que estipula las escuchas telefónicas, pero el equipo aún no ha sido adquirido. La falta de presupuesto, es la principal excusa.

«No es el número de decretos, sino la calidad de las leyes que se aprueben», dijo Rubén Darí­o Morales, diputado del PAN, al término de su gestión como presidente del Congreso el año pasado, quien también, en ese momento, admitió que hay muchas normas aprobadas, pero pocas son aplicadas.

Al indagar entre las dependencias del Organismo Ejecutivo, la razón por la que las leyes no se aplican, los ministros concuerdan en que la falta de presupuesto es el mayor impedimento para iniciar con la infraestructura mí­nima necesaria para ponerlas a funcionar.

Digici

Vinicio Gómez, ministro de Gobernación, durante un interrogatorio con la oposición, admitió que la Digici está parcialmente instalada, pese a que la ley fue aprobada hace más de dos años. Hasta el momento solo cuenta con 136 personas, de las cuales, menos de la mitad son inspectores. Esta norma también contempla los agentes encubiertos y al momento, las capacitaciones no han terminado.

El mayor problema de la Digici es no contar con los fondos necesarios para adquirir el equipo para las escuchas telefónicas. El Fiscal General, Juan Luis Florido, informó a finales del año pasado que todaví­a estaban preparando la licitación para publicarla en el portal Guatecompras, pero el titular de la cartera del interior, insiste en que no se han realizado las transferencias necesarias.

Sistema Penitenciario

La Ley del Sistema Penitenciario, aprobada en 2006 tampoco se ha reflejado en las cárceles del paí­s. La norma que contempla readaptar y reeducar a los reos, requiere de por lo menos, 30 millones de quetzales, lo que constituye una limitación económica significativa para las actuales autoridades, cuyo presupuesto es empleado, mayormente en gastos de funcionamiento. Las cárceles del paí­s tienen 3 mil 978 condenados por diversos delitos, 2 mil 930, esperando una resolución en distintos juzgados o tribunales, según datos del portavoz de presidios.

Feminicidio

La Ley Contra el Feminicidio y otras Formas de Violencia Contra La Mujer correrí­a los mismos riesgos. Para Norma Cruz, representante de la Fundación Sobrevivientes, este marco legal aprobado recientemente, podrí­a convertirse en letra muerta, pues «en Guatemala las leyes no se cumplen», refirió.

Según su análisis, la norma requiere que la Corte Suprema de Justicia y todo el aparato de justicia funcionen integralmente y aporten mejores elementos en los debates. Esto también requiere del fortalecimiento del Ministerio Público y del Instituto Nacional en Ciencias Forenses.

Migrantes

No solo en materia de seguridad sucede que las leyes no se apliquen. El año pasado, el Congreso aprobó la creación del Consejo Nacional del Migrante, Conamigua, entidad que servirí­a como respaldo jurí­dico y económico para los guatemaltecos migrantes en Estados Unidos, pero la ley no es aplicada.

En esta norma, como sucede con muchas otras, el Organismo Ejecutivo está obligado a elaborar un reglamento de la ley. Particularmente el Conamigua, requiere que el Ejecutivo nombre a un representante y el Congreso también, pero ninguno de los dos lo ha hecho.

De esa cuenta, hasta ayer, los lí­deres migrantes realizaron una romerí­a entre los bloques legislativos, para que fueran aprobadas varias reformas con el fin de poner a funcionar cuanto antes el Conamigua. Al final, los diputados las aprobaron, ahora esperarán que los nombramientos se concreten y la entidad sea instalada.

Riesgo recurrente

El riesgo de que las leyes sean aprobadas, pero no aplicadas, se sigue corriendo. La ley de armas y municiones es un caso próximo. Los bloques legislativos estudian constantemente este proyecto de ley que se encuentra a un paso de convertirse en decreto. Las propuestas de la sociedad civil y del sector privado son muchas y según el diputado Luis Mendoza, presidente de la Comisión de Gobernación, todos los puntos de vista serán incluidos.

No obstante, la sociedad civil considera que las violaciones a las leyes son recurrentes y lo mismo podrí­a suceder con la ley de armas, donde se propone una clasificación sobre las de uso exclusivo de las fuerzas de seguridad y las permitidas a personas particulares.

Uno de los vací­os legales del actual proyecto de decreto, es que no se regulan las armas de las empresas privadas de seguridad, por lo que se debe legislar especí­ficamente sobre éstas últimas, para garantizar que existirá un control estricto.