En efecto, en todas las familias se observa un alto grado de ansiedad por la forma en que se han desarrollado los acontecimientos y por lo que significa la proliferación de acciones del narcotráfico que parece estar dispuesto a adueñarse del paí­s aprovechando la fragilidad institucional provocada por la absurda polí­tica de ir reduciendo y adelgazando al Estado.

Y existen dos niveles muy marcados entre la población de cara al problema de la inseguridad. Por un lado están los que pueden proveerse de seguridad privada, sea porque disponen de guardaespaldas que les cuiden o porque viven en lugares relativamente protegidos por la presencia de agentes de policí­as particulares que se encargan de brindar protección a las colonias. Pero está el resto de los ciudadanos que literalmente viven a la mano de Dios y para los que el simple hecho de abordar un vehí­culo del transporte colectivo se convierte en riesgo muy elevado de muerte.

El Gobierno ha tenido dificultades para articular una polí­tica integral de seguridad, no sólo por lo que significó la muerte del anterior ministro de Gobernación, Vinicio Gómez, sino porque es evidente que toda la estructura está sumamente dañada y que no se dispone ni de recursos ni de estrategias claras de cómo enfrentar el galopante problema. No se trata de un área en la que las autoridades encuentren debidamente elaborados programas de acción a los que se les debe dar continuidad, sino que literalmente quien quiera hacer algo tiene que empezar casi de cero, lo cual serí­a mejor porque muchas de las instituciones actuales están tan dañadas y contaminadas por la corrupción que cuesta mucho hacerlas funcionar adecuadamente.

En ese contexto ratifico mi criterio de que al menos la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala está haciendo aportes importantes porque ha hecho un buen diagnóstico de nuestra realidad y plantea ya acciones concretas que deben implementarse para avanzar en el combate a las distintas formas de crimen organizado. Porque hay que entender que todos los paí­ses del mundo tienen criminales y tienen problemas de violencia, pero lo grave en nuestro paí­s es que se trata de manifestaciones orquestadas por lo que caen en la descripción de lo que son las organizaciones criminales que se dedican a socavar la institucionalidad al romper el estado de derecho en el tema puntual de la impunidad.

No es lo mismo la acción aislada de los delincuentes a la reiteración de crí­menes que son planificados y ejecutados por bandas criminales organizadas cabalmente para aprovechar esa debilidad institucional que es consecuencia de una torpe prédica de quienes se ensañaron contra el Estado sin darse cuenta que al final estaban labrando la estaca en que nos sentarí­an a todos, porque al propiciar por razones ideológicas su desmantelamiento, hicieron un daño irreparable a la institucionalidad cuyos efectos ahora estamos sintiendo en carne propia.

Rescatar el papel inherente al Estado es esencial y para ello debemos entender que hay que fortalecer las instituciones y entender el papel que están llamadas a realizar.