Al menos cinco altos funcionarios de la Fiscalía General de Guatemala han renunciado tras la dimisión de Juan Luis Florido como titular de dicha entidad hace tres semanas, lo que podría afectar aún más sus bajos niveles de eficacia en la lucha contra la impunidad.
«Creemos que si las cosas siguen como hasta ahora se tendrá un retraso en la administración de justicia. Tememos que se pierdan los pocos adelantos que se han tenido dentro de la institución», afirmó Ana María de Klein, dirigente de la agrupación Madres Angustiadas.
Florido renunció el 29 de julio, en medio de críticas a su gestión, dejando sin resolver sonados casos, como el asesinato de tres diputados salvadoreños al Parlamento Centroamericano y la quiebra de dos bancos que dejaron miles de clientes perjudicados.
Entre las dimisiones que siguieron a su renuncia destacan las de Mario Falla, Hans Noriega y Guillermo Alonso, quienes fungían como coordinadores técnicos de las diferentes unidades de la Fiscalía General y que daban respaldo especializado y asesoría a todos los fiscales.
Falla, quien tenía 10 años en la institución, era el encargado de coordinar actividades con las fiscalías de delitos administrativos, lavado de dinero y la lucha contra la corrupción.
En tanto, Noriega tenía a su cargo aspectos relacionados con las fiscalías de amparo y asuntos constitucionales y la de derechos humanos, fungiendo incluso como jefe de esta última durante algún tiempo.
Por su parte, Alonso, quien se formó en la fiscalía contra el crimen organizado, coordinaba las actividades de las fiscalías del departamento de Guatemala.
Los tres coincidieron en señalar que renunciaron a sus puestos, toda vez que, a su criterio, eran cargos de «confianza» dentro de la entidad.
Además de ellos, la titular de la Fiscalía de Delitos Administrativos, Patricia Lainfiesta, dimitió al cargo aduciendo «cuestiones personales», aparte de considerar que ya había dedicado bastante tiempo al Ministerio Público (Fiscalía).
En la lista de renuncias también figura la del jefe de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas, Marco Aurelio Pineda, quien regresó a la entidad con la llegada de Florido, en 2004, pues ya había ocupado anteriormente ese puesto.
La última dimisión se registró el jueves pasado, cuando Jorge Luis Donado, fiscal contra el crimen organizado, puso su puesto a disposición del nuevo fiscal general, Amílcar Velásquez Zárate, quien hasta el momento ha dicho que evalúa si acepta o no las renuncias de los funcionarios.
Fuentes de la Fiscalía General informaron este lunes sobre el retorno a esa entidad de los ex fiscales Alejandro Rodríguez y Leopoldo Zeissing. Este último tuvo a su cargo las pesquisas por el asesinato del obispo Juan Gerardi en 1998.