La Fiscalía que sigue el desvío de fondos hecho a la comuna del municipio de San Andrés Sajcabajá, Quiché, solicitará el embargo de cuentas de Gloria Torres y sus hijas, así como de otras dos personas.
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Dicha solicitud se hará después que la Fiscalía contra el Lavado de dinero del Ministerio Público (MP) sea notificado que el expediente ya se encuentra en el Juzgado Primero de Mayor Riesgo, luego que los magistrados de la Cámara Penal resolvieran el traslado de este caso a la ciudad capital.
De acuerdo con Álvaro Morales, fiscal a cargo del caso, están a la espera de la notificación para iniciar con la solicitud de los embargos de las cuentas de las personas involucradas en el desvío de fondos.
Las personas sindicadas son: Gloria Torres, hermana de la ex primera dama de la nación, Sandra Torres; sus hijas Christa Eugenia y María Marta Castañeda Torres; el esposo de esta, Francisco Urruela Noriega, y José Ediberto Estrada Vásquez, representante de una constructora.
Asimismo, Morales aseguró que también solicitará que se reactiven las órdenes de captura en contra de otras ocho personas involucradas en el desvío de fondos.
Estas solicitudes se reactivarían luego que el expediente sea trasladado a la nueva judicatura, ya que tras ser conocido en primera instancia por un juzgado del departamento del Quiché, se encontraba estancado, tras la recusación planteada por el MP en contra del juez contralor.
Christa, junto a su hermana María Marta Patricia Castañeda Torres y la progenitora de ambas, Gloria Torres (estas dos últimas, prófugas de la justicia) están acusadas de lavado de dinero y caso especial de estafa por Q16.3 millones extraídos de las comunas de La Democracia, Huehuetenango, y San Andrés Sajcabajá, Quiché, por tres casos diferentes entre 2005 y 2006.
Gloria Torres, además de la sindicación de corrupción en La Democracia, afronta otras denuncias por Q10 millones en la municipalidad de Santo Domingo, Suchitepéquez.
El pasado 30 de noviembre, las autoridades ordenaron la captura de Gloria Torres y sus dos hijas –Christa y María Marta Castañeda Torres–, señaladas de pertenecer a una red dedicada a estafar municipalidades y que ofrecieron sus servicios en más de 50 comunas.