El Ministerio Público (MP) recusó a la jueza Carol Patricia Flores del caso por genocidio en el área ixil, donde son sindicados Efraín Ríos Montt, Mauricio Rodríguez Sánchez y Héctor Mario López Fuentes. Según la Fiscalía, la juzgadora ha beneficiado a militares.

Esta mañana, Orlando López, de la Fiscalía de Derechos Humanos presentó los argumentos para que Flores, jueza Primera A de Mayor Riesgo, no siga conociendo el proceso contra los militares retirados por la masacre de mil 771 indígenas del área ixil.

Esto porque el MP duda de la imparcialidad de la juzgadora, y refiere que a través de una serie de resoluciones ha beneficiado a Ríos Montt.

Una de ellas, detalló López a la jueza, fue el fallo del pasado 18 de abril, cuando Flores retrotrajo el proceso hasta el 23 de noviembre del año 2011, y anuló todo lo actuado durante ese tiempo.

El fiscal también indicó que el pasado 10 de mayo, la jueza no acató la disposición de la Corte de Constitucionalidad (CC) que suspendía su fallo anterior y ordenaba que emitiera una nueva resolución.

“Usted no acató lo ordenado por la CC, sino que mantuvo su criterio, y con ello perjudica al MP al no haberse resuelto lo considerado por la Corte, que otorgó el amparo provisional”, manifestó López, y agregó: “ello fue con la finalidad de beneficiar a los sindicados al retrotraer el proceso a fases ya precluídas”.

De acuerdo con el fiscal, Flores ha tenido interés directo en beneficiar a los generales retirados que están sujetos a proceso.

CASO LAS DOS ERRES

Dentro de los argumentos vertidos por López para separar a la juzgadora, figuró que en el caso por la muerte de 201 personas en el parcelamiento Las Dos Erres, Flores envió a juicio a 5 personas por el delito de asesinato. Los sindicados, posteriormente fueron condenados por dicho ilícito.

No obstante, cuando Ríos Montt rindió su primera declaración en dicho caso, la togada lo ligó a proceso por genocidio, sustituyendo el delito de asesinato que imputó el MP.

“Se lo digo con el respeto que usted se merece, pero eso fue con la única intención de beneficiar a Ríos Montt para otorgarle una medida sustitutiva como finalmente ocurrió y que no había pasado con todos aquellos sindicados que ya fueron sentenciados”, dijo enfático el fiscal.

En dicha ocasión, el exjefe de Estado evadió ir a prisión preventiva con el pago de una caución económica de Q500 mil.

La jueza no se pronunció sobre los señalamientos de la Fiscalía; no obstante, fijó audiencia para el próximo 25 de junio, donde será discutida la recusación en presencia de los sujetos procesales.