El Ministerio Público presentó la acusación formal contra el Grupo Financiero del País y 14 exdirectivos y trabajadores de Bancafé, por la estafa que afectó a 3 mil 336 cuentahabientes de la desaparecida entidad bancaria.

El memorial de acusación fue presentado esta mañana  en la sede del Juzgado Décimo del Ramo Penal, por el fiscal Saúl Sánchez, de la Unidad contra Robo de Bancos de la Fiscalía contra el Crimen Organizado.

El expediente cuenta con 816 folios de investigación, donde el ente señala a los sindicados de los delitos de caso especial de estafa, intermediación financiera, lavado de dinero y otros activos. También acusan a exdirectores de los ilícitos de conspiración y obstrucción a la justicia.

Entre los señalados en la acusación figuran Eduardo Manuel González Rivera, Manuel Eduardo y Jorge Alfredo González Gastillo, Ariel Estuardo Camargo Fernández, Moisés Cupersmith, Óscar Salazar Perdomo y ocho sindicados más.

LAS PRUEBAS
Dentro de los medios de prueba existe información bancaria internacional donde la Fiscalía demuestra que los sindicados utilizaron el sistema financiero guatemalteco para lavar  Q1,790 millones.

También se incluyen asistencias internacionales de Panamá, donde el MP establece el uso sin autorización de la Junta Monetaria (MP), de la entidad Vipasa Internacional, Sociedad Anónima, como medio idóneo para lograr una estafa de US$150 millones de dólares.

De acuerdo con el fiscal Sánchez, en proceso no hay ningún recurso legal que impida que Walter Villatoro, juez Décimo Penal, conozca el caso. Por tal motivo, para la próxima semana fue agendada la audiencia de apertura a juicio contra de los 14 señalados.

REPARACIÓN DIGNA
Por otro lado, el investigador informó que en el memorial de acusación también se solicitó la reparación digna para los 3 mil 336 afectados con el cierre de operaciones de Bancafé.

En ese sentido, Sánchez indicó que dentro del proceso hay alrededor de 60 bienes inmuebles embargados, que en conjunto tienen un valor de Q250 millones. Además de esto existen cuentas bancarias por Q32 millones embargados.

“El MP pide que sean dados a las víctimas como una reparación digna por la estafa que sufrieron”, acotó el fiscal, y explicó que será el custodio Price Waterhouse Coopers (PWC), quien diligencie dicha distribución.

ESPERAN DEBATE
El cierre de operaciones del banco fue anunciado el 19 de octubre del 2006. Desde entonces, el proceso se caracterizó por salir una y otra vez de impasse. En ese sentido Ángel Castro, querellante en el caso y representante de los afectados, manifestó estar complacido con que el caso haya llegado a la etapa intermedia.

“Ahora viene la parte más dura de todo lo que hemos hecho. El MP ha presentado sus fundamentaciones en sus peticiones”, indicó, y agregó que espera que el juez abra juicio contra los sindicados.